Nos detendremos en un importante dilema que enfrentan los sistemas políticos que como en muchos espacios locales procuran generar una democracia ampliada. Para ello analizaremos un caso relevante como es el de la ciudad de Rosario.
Dando respuesta a las críticas.
El año 2001 fue el momento en el cual las voces se alzaron contra las formas de representación establecidas. Las formas institucionales parecían ya no tener sustento. Las relaciones contractuales privadas se resquebrajaban a punto de no sustentarse ningún criterio de justicia conmutativa. Se licuaban las certezas a la par de los depósitos en los bancos.
Los canales representativos explotaban implosionando. Quienes ejercían esta función no podían mostrarse en público, canalizar demandas, agregar intereses.
Fue en este marco que se incentivó la tendencia a priorizar las relaciones cara a cara, donde la intermediación fuera mínima, donde lo local primara sobre las instancias más generales, provinciales o nacionales. La cercanía parecía remediar la crisis en que nos encontrábamos sumergidos.
Las políticas que se aplicaron para “acercar” los vecinos al Estado buscaban superar el hiato existente.
Así se dio primeramente la institucionalización del presupuesto participativo que tomando experiencias de ciudades de países limítrofes brindó la posibilidad de que los vecinos decidieran sobre una parte de los recursos destinados a sus barrios. Desde ya que esta política estuvo sustentada en la descentralización que previamente se había realizado de la administración municipal.
El presupuesto participativo fue implementado desde entonces y además incorporó la elección de los proyectos para cada barrio por medio del voto electrónico. La democracia participativa era mantenida en el tiempo e incorporaba la tecnología para dar respuesta a los requerimientos sociales.
Además se implementó el Plan Estratégico Rosario donde las principales organizaciones de la sociedad civil pudieron hacer escuchar su voz, colocar en el debate municipal sus demandas y preocupaciones. Esta iniciativa se expandió posteriormente al área metropolitana con lo cual diferentes representantes de la sociedad civil de la región también se incorporaron al proceso.
Las audiencias públicas completaron este panorama dando lugar a que distintos temas particulares pudieran ser debatidos en ámbitos específicos.
¿Y el sistema político?
Paralelamente asistimos a un desdibujamiento de los partidos políticos. Los mismos han perdido cada vez más su rol como aglutinadores de la ciudadanía. Este proceso nos hace preguntarnos, como lo hemos hecho en otras oportunidades, si la crisis es del modelo organizativo de los partidos políticos o si es sólo de la forma en que se han institucionalizado en nuestro país.
Sustentamos que junto a la crisis de largo plazo, a esa mutación epocal de los partidos políticos, debemos colocar las características particulares del momento específico de la evolución de nuestras instituciones.
Es por ello que junto a una cada vez más desarrollada democracia con mecanismos participativos, no podemos colocar a partidos políticos más organizados y sólidos.
Paradójicamente, las iniciativas para acercar en nuestra provincia a los ciudadanos a los partidos políticos trajeron aparejado un mayor divorcio. El ejemplo más explícito fue la ley 12065 modificatoria de la ley Orgánica de Municipalidades. La disminución de los representantes en los municipios de primera categoría implicó un supuesto ahorro del dinero público, pero impactó negativamente sobre la representación plural de las minorías en el Concejo Municipal. La posibilidad de hacer escuchar las voces de los diferentes sectores políticos fue postergada sin reparar en los daños producidos a la construcción más amplia del consenso.
Ciudadanos, vecinos.
Toda democracia representativa consolidada necesita de un sistema de partidos políticos también consolidado.
Es por ello que toda reforma política debe incorporar la posibilidad de que el sistema representativo permita reflejar la pluralidad de las posiciones políticas de la sociedad. Toda reforma de la política debe instituir definitivamente los mecanismos de democracia participativa, extendiéndolos a aquellos temas en los que aun no se ha aplicado y permitiendo que se amplíe a aquellos ámbitos a los que no ha llegado.
Pero además deberá promover definitivamente la posibilidad de constituir a la ciudadanía como el espacio en el cual luchamos por nuestros derechos. En el ámbito local no sólo somos vecinos, debemos ser también políticamente ciudadanos.
Rosario, mayo de 2008.
