El debate sobre la reforma política se ha instalado nuevamente, luego de años de ostracismo, en la agenda pública. Sin embargo algunas de las modificaciones necesarias en lo atinente al ejercicio pleno de la ciudadanía no son tenidas en cuenta.
En la Provincia de Santa Fe aún queda sin resolver completamente el debate sobre la necesidad del establecimiento de mecanismos de control de los ciudadanos sobre los gobernantes, como también el que dichos mecanismos puedan ser utilizados en la práctica. Esto se relaciona con la necesidad de que los gobernantes den cuenta de sus actos (accountability) independientemente de los momentos eleccionarios.
Un aspecto que se convierte en fundamental es que ciertas normas exigen a los ciudadanos demostrar su “interés legítimo” para obtener la información pública.
El acceso a la información en el gobierno provincial.
La libertad de expresión no puede ser pensada sin proteger el derecho a buscar, difundir y recibir informaciones e ideas sin consideración de fronteras.
Con relación a la búsqueda de la información pública, en la Provincia de Santa Fe no existe una ley que conceda a los ciudadanos el derecho a acceder a la información y a los registros básicos del gobierno en el nivel provincial. En términos normativos la Constitución provincial sólo reconoce en su artículo 11 el derecho de todo individuo a la libertad de expresión pero no garantiza en forma explícita el derecho previo de las personas a buscar y recibir ideas e informaciones de toda índole.
El actual gobernador debió recurrir a la firma de un decreto para regular dicho acceso para las dependencias del poder ejecutivo, el cual prevé algunas excepciones siempre que estén debidamente fundamentadas.
En la Legislatura provincial fueron presentados numerosos proyectos, algunos tratados en el recinto, que luego perdían estado parlamentario. Las informaciones periodísticas han dado cuenta de la falta de predisposición principalmente del Senado provincial para aprobar una ley en el tema, así como de la falta de reconocimiento de este derecho en la práctica.
Como medida ya existía la obligación de publicar en la página web del gobierno todas las gestiones de contratación de obras públicas. Sin embargo no preveía que los ciudadanos tuvieran el derecho a apelar si se les negaba el acceso a un registro básico del gobierno provincial.
Las únicas opciones existentes con anterioridad eran iniciar procesos de apelación basados en la Constitución Nacional, o la presentación de una solicitud de pronto despacho ante un órgano público al que se le solicitaba la información.
Ante esta última opción era el responsable de la dependencia o del área, quién determinaba la oportunidad del pedido y el “interés legítimo”.
Así no existían plazos legales para la entrega de la información requerida, ni se podían iniciar procesos de apelación. Estas alternativas no eran tomadas por los ciudadanos ya que los tiempos que implicaban eran demasiado extensos y se perdía el interés sobre el tema.
Diferentes medios periodísticos dieron cuenta de la falta de información sobre nombramientos políticos y gastos de los funcionarios de gobierno. Esto ha sido considerado como producto de una cultura política provincial reacia a brindar acceso a la información pública, lo cual hace más engorrosa la transparencia de la gestión.
La situación descripta fue mitigada en los últimos años ya que los ciudadanos han podido acceder a información sobre las acciones del gobierno provincial y la administración pública, la legislación sancionada y las estadísticas provinciales a través del portal web de la Provincia. Sin embargo se debe tener en cuenta que no toda la información está disponible en dicho sitio, pero se la puede solicitar y si está autorizado su acceso se entrega de manera gratuita.
La ciudadanía y el financiamiento de los partidos políticos.
La legislación establece que la rendición de cuentas de las campañas electorales de los partidos políticos, confederaciones o alianzas debe presentarse ante el Tribunal Electoral dentro de los treinta días de realizado el acto electoral.
El informe debe constar de un detalle de los ingresos y egresos producidos en la campaña, acompañado de un estado de origen y aplicación de dichos fondos debidamente documentado y del listado completo de las personas físicas y jurídicas que hayan realizado aportes económicos o donaciones a los candidatos, detallando datos de identificación personal y tributaria, monto y fecha del aporte. Esta información debe hacerse pública.
Pero la dificultad se encuentra en que nuevamente la ley 12.080 en su artículo 9º establece que el listado completo de los aportantes se debe presentar ante el Tribunal Electoral, pero sólo puede consultar dicha información quien acredite un “interés legítimo” y el tribunal así lo considere.
Así pueden solicitar la información sólo los apoderados de los partidos políticos, presentando ante el Tribunal Electoral una solicitud que debe ser declarara de “interés legítimo”.
Por ello los registros no son abiertos a la ciudadanía y además existe la fuerte sospecha de que la información no suele reflejar realmente los ingresos y egresos de los partidos. Esta dificultad para el acceso a la información de los gastos de las campañas electorales limita el control sobre los partidos políticos y sus acciones proselitistas.
Además las restricciones que establece la norma provincial no abarcan todas las formas en las que pueden hacerse aportes a los partidos, por ejemplo en medios de transporte, nafta, suministros, y tampoco fija montos máximos para las contribuciones.
Hay que adicionar que en la práctica, en el nivel provincial, no todos los partidos políticos y candidatos informan las contribuciones recibidas y los gastos realizados en un plazo razonable de tiempo según lo establece la legislación, y menos aún las hacen conocer por la ciudadanía.
Conclusiones.
El estudio del caso de Santa Fe nos permite rastrear las tendencias aun persistentes que limitan el desarrollo de la democracia y la accountability en la provincia. Observar la evolución de sus instituciones y los límites, tanto formales como informales, nos permite dar cuenta de la particularidad que tiene este régimen político y cómo se relaciona con la extensión de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen interés, no debe ser demostrado.
Rosario, agosto de 2009.
lunes, 7 de septiembre de 2009
miércoles, 5 de agosto de 2009
Dialogar. Sobre las instituciones y la construcción de argumentos genuinos.
Diálogo, esta palabra se ha colocado en el centro de la escena política y social de nuestro país. Para ello es necesario la existencia de un conjunto de argumentos genuinos que deberían evitar: * la simple expresión de intereses para buscar la solución; * la descripción de tradiciones o costumbres como manera de resolución ; * la enunciación de proposiciones que no son generales sino que se dirigen a nombres propios o grupos definidos; * las incongruencias pragmáticas a lo largo del tiempo por parte de los formuladores de los argumentos; * las proposiciones que parecen no tomar en nada los intereses de los individuos; y * las exposiciones que no sean aceptables desde un punto de vista imparcial.
Dejar de lado todos estos límites hace progresar el diálogo hacia criterios de imparcialidad, enfrentando el autointerés y la indiferencia hacia ciertas soluciones propuestas. Pero además, oponerse a las negociaciones basadas en puros intereses lleva al fortalecimiento de los procesos democráticos, ya que de otra manera valores como la igualdad son puestos en peligro, los derechos no son asegurados y no existe evidencia para suponer que el resultado del proceso será justo.
Esto lleva a los participantes del diálogo a prestar atención a la mayor cantidad posible de intereses por la necesidad de alcanzar soluciones que satisfagan a la mayoría.
Las instituciones son el marco de este ejercicio, lo facilitan, lo encaminan, le colocan límites, hacen de la democracia una experiencia de construcción colectiva.
Para consultar:
Elster, Jon (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.
Nino, Carlos S., La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997.
Dejar de lado todos estos límites hace progresar el diálogo hacia criterios de imparcialidad, enfrentando el autointerés y la indiferencia hacia ciertas soluciones propuestas. Pero además, oponerse a las negociaciones basadas en puros intereses lleva al fortalecimiento de los procesos democráticos, ya que de otra manera valores como la igualdad son puestos en peligro, los derechos no son asegurados y no existe evidencia para suponer que el resultado del proceso será justo.
Esto lleva a los participantes del diálogo a prestar atención a la mayor cantidad posible de intereses por la necesidad de alcanzar soluciones que satisfagan a la mayoría.
Las instituciones son el marco de este ejercicio, lo facilitan, lo encaminan, le colocan límites, hacen de la democracia una experiencia de construcción colectiva.
Para consultar:
Elster, Jon (comp.), La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 2001.
Nino, Carlos S., La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997.
sábado, 27 de junio de 2009
Un día después: Escenario político, escenario electoral.
Estas líneas serán leídas cuando los sufragios de millones de argentinos ya estén contados y cada uno de los actores involucrados estén realizando sus interpretaciones de los comicios. Los “triunfadores” demostrando por qué lo hicieron y las potencialidades que se les abren, los “perdedores” considerando que no lo son y que en realidad también son ganadores.
Estaremos observando estas discusiones en los titulares de los diarios y en los informes de las radios y canales de televisión.
El escenario político de los últimos meses se redujo a las estrategias para establecer candidaturas frente al electorado, sin demasiados debates políticos, sólo una recurrencia a los “modelos de país” que son apoyados o dejados de apoyar sólo si se vota a ese o aquel candidato.
Demasiados temas pasaron a segundo plano esperando que el 29 de junio los incluyera nuevamente en la agenda pública.
Sin embargo conviene rescatar algunas enseñanzas de este proceso que absorbió los últimos meses a la clase política.
La primera de ella se deduce de las propias encuestas que los encargados de hacerlas se desvivían por aclarar: “el electorado está cada vez más volatilizado”.
En otros términos, el electorado no se sujeta a identidades tradiciones, a cómo votaba la familia, cómo lo hacían los compañeros de trabajo, los amigos, quién el patrón dijera, o cualquier jerarquía apoyara. Es así, somos otros ciudadanos a ser representados. No peores, ni mejores, sólo diferentes a los que conoció la política argentina de principios y mediados del siglo XX. El regreso de la democracia en 1983 comenzó a mostrar esta tendencia al romper con una regla de oro de la política argentina durante varias décadas, la imposibilidad de doblegar al justicialismo por vías democráticas.
Los procesos iniciados a mediados de la década de los noventa con la ruptura, crisis y desintegración de los partidos tradicionales (fundamentalmente los de la oposición al justicialismo) se aceleraron de manera vertiginosa antes, durante y después de la crisis de 2001.
Los argentinos aceptamos mayoritariamente la democracia como forma de gobierno, sin embargo nos mostramos profundamente “desafectos” con los partidos políticos y muchos gobiernos. Pero criticar a estos no implica que también lo hagamos, por ahora, con el régimen democrático.
La segunda refiere a la otra parte de esta relación de representación, los partidos políticos.
Lo primero a destacar es que la gran mayoría de los partidos políticos parecen haber descartado, desde unas elecciones atrás, a la democracia como forma de selección interna de sus candidatos. Este es otro reflejo de cómo los partidos se han quedado sin bases electorales estables suplantándolas por elites partidarias en enfrentamientos y acuerdos eternos.
Además, la política electoral implica la sumatoria de fracciones de partidos, de distintos partidos entre sí (no siempre orientados ideológicamente en el mismo sentido), la construcción de frentes o alianzas con una perdurabilidad que en muchos casos se muestra como exigua. Es verdad que en muchos casos estas experiencias, en gran medida poco duraderas, se ven forzadas por las propias reglas de los sistemas electorales tendientes a favorecer mayorías artificiales o estructuras bipartidistas.
A este punto se adiciona una creciente actitud de los partidos políticos a priorizar dentro de su oferta electoral las representaciones corporativas como forma de acrecentar su cosecha electoral. Esta tendencia tiene historia en el país y en las provincias. Ya sean sindicalistas, industriales, piqueteros o agropecuarios. El punto de discusión de la ciencia política sigue siendo el tradicional dilema de la “democracia de ciudadanos” y de “representación universal”, enfrentada con la “imposición de intereses sectoriales”. La propia elección de Entre Ríos fue, apresurada y superficialmente, definida por periódicos capitalinos en sus titulares como el enfrentamiento entre el agro y el gobierno dado que en las listas estaban incluidos tres representantes de productores agropecuarios. Es menospreciar la propia complejidad del escenario entrerriano.
Los diversos periódicos destacaron la estrategia de los sectores corporativos en las últimas elecciones (entre ellos los agropecuarios, sindicalistas, las declaraciones de líderes piqueteros oficialistas) para obtener representación parlamentaria.
Sin dudas hay que insistir en que el principio en el que se basa la representación política es exactamente la antítesis de aquel en el que se fundamenta la representación de los intereses. El enfrentamiento entre universalismo y particularismo. Así el aspecto democrático representativo puede quedar relegado en pos de los sectores corporativos que acceden al gobierno cuando sus demandas han superado altísimos umbrales organizativos y logran movilizar considerables recursos de apoyo.
La tercera enseñanza es la de la dinámica provincias-nación en el sistema de partidos políticos. Ha sido estudiado que anteponer una tendencia nacionalizadora a otra provincialista es tal vez un buen argumento político, pero no un buen argumento explicativo de las dinámicas de los sistemas políticos de Argentina. Aunque han predominado las explicaciones de “sesgo nacional” hay que prestar cada vez mayor atención al impacto de los arreglos federales de poder sobre los partidos políticos. Así, suponer a la arena nacional como contrastante de la de las provincias es erróneo. El argumento central es que no podemos reducir las contiendas nacionales a una sumatoria de contiendas locales, dado que los arreglos partidarios-electorales locales-provinciales son incongruentes entre sí al analizar comparativamente las diferentes provincias. Como ha sugerido entre otros Julieta Suárez Cao, nos encontramos con un sistema federalizado de partidos políticos. Por ello estudiar los sistemas políticos provinciales nos dirá mucho de esa realidad, como también de las articulaciones con el nivel nacional.
La cuarta es la utilización de los silencios de la ley en los arreglos institucionales a los efectos de triunfar en los comicios. Son, entre otros, las llamadas candidaturas testimoniales por parte principalmente del partido de gobierno, pero no sólo por él para conformar sus listas. Es decir, presentar candidatos que jamás asumirán sus bancas si son electos.
Los medios de comunicación que consumimos periódicamente nacionalizan realidades electorales de dos distritos: Capital Federal y Buenos Aires. Esto tiene relevancia en aspectos superfluos como cierto humor o importantes como las alteraciones institucionales.
Estas estrategias tienen un impacto decidido sobre la representación, en el contrato electoral. Votamos a un candidato que realiza la campaña y que jamás asumirá y por él ingresará otro dirigente del cual desconocemos su nombre y trayectoria. Pero si asumieran gobernadores e intendentes como legisladores se abriría el problema de las sucesiones en sus cargos ejecutivos, lo cual ha sido estudiado y presentará otra suma de incongruencias institucionales.
La última enseñanza que queremos destacar es que se presenta las elecciones legislativas, en las que los distritos eligen más de un cargo para las diferentes categorías, como si fueran comicios para cargos ejecutivos donde lo que alcanza uno queda automáticamente descartado para los demás. No necesariamente las presentes elecciones entronizan o sepulta supuestos competidores para cargos ejecutivos dentro de dos años. Este “ejecutivismo” electoral de los cargos legislativos sólo nos habla de la calidad que tiene nuestro sistema de pesos y contrapesos en el cual las diferentes cámaras legislativas parecen funcionan frente a los electores sólo como cámaras legitimadoras. Sabemos que son mucho más que eso.
En tiempos de elecciones los humores se enardecen, las consignas se blanden, los modelos se enfrentan a punto de colisionar, y luego, llega el día después….
Sábado 27 de junio de 2009.
Estaremos observando estas discusiones en los titulares de los diarios y en los informes de las radios y canales de televisión.
El escenario político de los últimos meses se redujo a las estrategias para establecer candidaturas frente al electorado, sin demasiados debates políticos, sólo una recurrencia a los “modelos de país” que son apoyados o dejados de apoyar sólo si se vota a ese o aquel candidato.
Demasiados temas pasaron a segundo plano esperando que el 29 de junio los incluyera nuevamente en la agenda pública.
Sin embargo conviene rescatar algunas enseñanzas de este proceso que absorbió los últimos meses a la clase política.
La primera de ella se deduce de las propias encuestas que los encargados de hacerlas se desvivían por aclarar: “el electorado está cada vez más volatilizado”.
En otros términos, el electorado no se sujeta a identidades tradiciones, a cómo votaba la familia, cómo lo hacían los compañeros de trabajo, los amigos, quién el patrón dijera, o cualquier jerarquía apoyara. Es así, somos otros ciudadanos a ser representados. No peores, ni mejores, sólo diferentes a los que conoció la política argentina de principios y mediados del siglo XX. El regreso de la democracia en 1983 comenzó a mostrar esta tendencia al romper con una regla de oro de la política argentina durante varias décadas, la imposibilidad de doblegar al justicialismo por vías democráticas.
Los procesos iniciados a mediados de la década de los noventa con la ruptura, crisis y desintegración de los partidos tradicionales (fundamentalmente los de la oposición al justicialismo) se aceleraron de manera vertiginosa antes, durante y después de la crisis de 2001.
Los argentinos aceptamos mayoritariamente la democracia como forma de gobierno, sin embargo nos mostramos profundamente “desafectos” con los partidos políticos y muchos gobiernos. Pero criticar a estos no implica que también lo hagamos, por ahora, con el régimen democrático.
La segunda refiere a la otra parte de esta relación de representación, los partidos políticos.
Lo primero a destacar es que la gran mayoría de los partidos políticos parecen haber descartado, desde unas elecciones atrás, a la democracia como forma de selección interna de sus candidatos. Este es otro reflejo de cómo los partidos se han quedado sin bases electorales estables suplantándolas por elites partidarias en enfrentamientos y acuerdos eternos.
Además, la política electoral implica la sumatoria de fracciones de partidos, de distintos partidos entre sí (no siempre orientados ideológicamente en el mismo sentido), la construcción de frentes o alianzas con una perdurabilidad que en muchos casos se muestra como exigua. Es verdad que en muchos casos estas experiencias, en gran medida poco duraderas, se ven forzadas por las propias reglas de los sistemas electorales tendientes a favorecer mayorías artificiales o estructuras bipartidistas.
A este punto se adiciona una creciente actitud de los partidos políticos a priorizar dentro de su oferta electoral las representaciones corporativas como forma de acrecentar su cosecha electoral. Esta tendencia tiene historia en el país y en las provincias. Ya sean sindicalistas, industriales, piqueteros o agropecuarios. El punto de discusión de la ciencia política sigue siendo el tradicional dilema de la “democracia de ciudadanos” y de “representación universal”, enfrentada con la “imposición de intereses sectoriales”. La propia elección de Entre Ríos fue, apresurada y superficialmente, definida por periódicos capitalinos en sus titulares como el enfrentamiento entre el agro y el gobierno dado que en las listas estaban incluidos tres representantes de productores agropecuarios. Es menospreciar la propia complejidad del escenario entrerriano.
Los diversos periódicos destacaron la estrategia de los sectores corporativos en las últimas elecciones (entre ellos los agropecuarios, sindicalistas, las declaraciones de líderes piqueteros oficialistas) para obtener representación parlamentaria.
Sin dudas hay que insistir en que el principio en el que se basa la representación política es exactamente la antítesis de aquel en el que se fundamenta la representación de los intereses. El enfrentamiento entre universalismo y particularismo. Así el aspecto democrático representativo puede quedar relegado en pos de los sectores corporativos que acceden al gobierno cuando sus demandas han superado altísimos umbrales organizativos y logran movilizar considerables recursos de apoyo.
La tercera enseñanza es la de la dinámica provincias-nación en el sistema de partidos políticos. Ha sido estudiado que anteponer una tendencia nacionalizadora a otra provincialista es tal vez un buen argumento político, pero no un buen argumento explicativo de las dinámicas de los sistemas políticos de Argentina. Aunque han predominado las explicaciones de “sesgo nacional” hay que prestar cada vez mayor atención al impacto de los arreglos federales de poder sobre los partidos políticos. Así, suponer a la arena nacional como contrastante de la de las provincias es erróneo. El argumento central es que no podemos reducir las contiendas nacionales a una sumatoria de contiendas locales, dado que los arreglos partidarios-electorales locales-provinciales son incongruentes entre sí al analizar comparativamente las diferentes provincias. Como ha sugerido entre otros Julieta Suárez Cao, nos encontramos con un sistema federalizado de partidos políticos. Por ello estudiar los sistemas políticos provinciales nos dirá mucho de esa realidad, como también de las articulaciones con el nivel nacional.
La cuarta es la utilización de los silencios de la ley en los arreglos institucionales a los efectos de triunfar en los comicios. Son, entre otros, las llamadas candidaturas testimoniales por parte principalmente del partido de gobierno, pero no sólo por él para conformar sus listas. Es decir, presentar candidatos que jamás asumirán sus bancas si son electos.
Los medios de comunicación que consumimos periódicamente nacionalizan realidades electorales de dos distritos: Capital Federal y Buenos Aires. Esto tiene relevancia en aspectos superfluos como cierto humor o importantes como las alteraciones institucionales.
Estas estrategias tienen un impacto decidido sobre la representación, en el contrato electoral. Votamos a un candidato que realiza la campaña y que jamás asumirá y por él ingresará otro dirigente del cual desconocemos su nombre y trayectoria. Pero si asumieran gobernadores e intendentes como legisladores se abriría el problema de las sucesiones en sus cargos ejecutivos, lo cual ha sido estudiado y presentará otra suma de incongruencias institucionales.
La última enseñanza que queremos destacar es que se presenta las elecciones legislativas, en las que los distritos eligen más de un cargo para las diferentes categorías, como si fueran comicios para cargos ejecutivos donde lo que alcanza uno queda automáticamente descartado para los demás. No necesariamente las presentes elecciones entronizan o sepulta supuestos competidores para cargos ejecutivos dentro de dos años. Este “ejecutivismo” electoral de los cargos legislativos sólo nos habla de la calidad que tiene nuestro sistema de pesos y contrapesos en el cual las diferentes cámaras legislativas parecen funcionan frente a los electores sólo como cámaras legitimadoras. Sabemos que son mucho más que eso.
En tiempos de elecciones los humores se enardecen, las consignas se blanden, los modelos se enfrentan a punto de colisionar, y luego, llega el día después….
Sábado 27 de junio de 2009.
miércoles, 4 de febrero de 2009
Humor Inglés.
Es interesante conectarse a la siguiente dirección http :// www.youtube.com/watch?v=pFmYIFk5i1Q en la cual se explica la actual crisis internacional con las particularidades de la ironía y el humos de los ingleses.
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