lunes, 24 de octubre de 2016

Tres cuestiones sobre la reforma electoral

Diario La Capital, Domingo 23 de Octubre de 2016.

Una reflexión sobre los principales cambios a la ley electoral que tiene media sanción en Diputados y aún debe discutir el Senado.
La ciudadanía se encuentra nuevamente frente al debate de una nueva reforma electoral que le propone la clase política. Esta vez de nivel nacional. La Cámara de Diputados ha dado media sanción a un conjunto de cuestiones que deberán ser discutidas y aprobadas en las próximas semanas por el Senado de la Nación para convertirse en ley.
   Antes que nada debemos entender que toda reforma política discute la manera de repartir el poder político electoral y las distintas opciones que toman los legisladores inciden y condicionan las decisiones del elector.
   A partir de ello debemos hacer una aclaración. Estas modificaciones tendrán vigencia sólo para cuando elegimos entre los candidatos para los cargos legislativos o ejecutivos de nivel nacional, o, algunas de estas normas, en las elecciones simultáneas. Por lo cual, en el marco de nuestro federalismo, las instancias provinciales y locales no estarán necesariamente alcanzadas por estas nuevas reglas. Salvo que cada provincia, y en algunos casos los municipios, opten por adherir a la ley de nivel nacional o decidan votar simultáneamente.
   Entre los principales cambios decididos podemos enumerar los siguientes.
Cómo se vota. El proyecto con media sanción establece el sistema de boleta única electrónica que se aplicó por primera vez el año pasado en la ciudad Buenos Aires. El mismo, si es aprobado, será implementado en todo el país simultáneamente desde las elecciones legislativas de 2017 para los cargos nacionales.
   El sistema, que suplanta a las boletas sábana de papel tradicional, busca evitar algunos de los problemas que suelen darse en los comicios. Entre ellos se destacan el robo o faltante de boletas, su suplantación por boletas apócrifas y la falta de fiscalización por parte de los partidos.
   Esta es una discusión que en Santa Fe y Córdoba ya se ha dado cuando se implementó la boleta única en papel y nos hemos explayado en los beneficios y perjuicios de cada sistema.
   Sin embargo hay tres temas que deben ser aclarados en relación con la boleta única electrónica.
   El primero de ellos se refiere a la idea según la cual con la boleta única electrónica se termina con las prácticas clientelistas. Así lo expresaba Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, al señalar que "con la boleta electrónica se va a terminar con el clientelismo ya que la boleta en papel lo fomenta". No estamos de acuerdo con lo señalado ya que con este sistema se pueden evitar otras falencias de los comicios pero no ésta. El clientelismo, como han señalado colegas, no es sólo un acontecimiento del domingo de elecciones, ni se erradica con una boleta única electrónica. De ser así no se tendrían las distintas indicaciones de las diferentes autoridades electorales sobre el uso de los celulares durante el momento de sufragar para evitar el llamado "voto cadena". El clientelismo no es un problema con solución tecnológica, ni resoluble con una "fe ciega" en que "si hay algo que se enchufa y tiene un microchip estamos salvados".
   El segundo, que la idea de que es un sistema que evita el fraude por su seguridad está puesta en cuestión por distintos profesionales que analizan su vulnerabilidad. Señalan que dado que la boleta única electrónica incluye un chip, éste se puede destruir, leer y modificar desde una corta distancia. Además, como cada chip está numerado es posible identificar quién votó a quién. Por su parte, los defensores del sistema consideran que "mantiene inalterables los valores del voto tradicional en papel", a lo que se suman las virtudes de la tecnología. Así "es el propio sistema, y no el esfuerzo partidario, el que brinda las garantías para que se respete la libre decisión del votante".
   Por último, que el sistema favorece a los partidos con menor estructura territorial, donde los fiscales seguirán siendo necesarios para controlar el escrutinio de mesa, pero verán una reducción de sus requerimientos organizativos.
A quiénes se vota. Tres son los cambios votados. El primero refiere a la participación igualitaria entre hombres y mujeres en la conformación de las listas legislativas. La paridad de género deberá garantizar que figuren intercalados en las listas. Esta decisión tuvo un amplio apoyo de los legisladores, aunque provocará modificaciones en la forma de selección de sus candidatos en los partidos políticos.
   El segundo es la prohibición de las candidaturas múltiples que impide que un dirigente sea candidato de manera simultánea para dos cargos nacionales. También lo hace para las candidaturas en paralelo para cargos nacionales, provinciales y municipales que se elijan en comicios simultáneos.
   Es interesante el efecto práctico de esta última prohibición ya que no tendrá efecto para aquellas provincias o municipios que decidan separar sus elecciones de las nacionales. Con ello se produce un fuerte incentivo a favor de la separación de los turnos electorales nacionales y distritales cuando los dirigentes provinciales quieran escapar de esta reglamentación.
   Por último, se modifica la manera de elegir a los candidatos para el Poder Ejecutivo de la Nación. En las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias presidenciales no se elegirá una fórmula sino sólo candidato a presidente. De esta forma se abre en la segunda vuelta electoral la posibilidad de completar la fórmula con la nominación de un vicepresidente que favorezca los acuerdos en el interior de los partidos o coaliciones.
Quién controla. Otro de los cambios fundamentales se ha dado en quién tiene la responsabilidad de ser la autoridad para el escrutinio. Hasta la actualidad el control jurisdiccional nacional del escrutinio provisorio, que incluye la recepción de votos, el proceso y la difusión de los resultados, ha estado a cargo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. El nuevo régimen designa a la Cámara Nacional Electoral para que el proceso electoral quede en sus manos. El objetivo de este cambio es evitar la colusión de intereses entre el gobierno y quién regula los procesos electorales, en otras palabras se parte de la suposición de que no habrá involucramiento del poder político en los cómputos provisorios de los votos. En suma, se busca dotar de transparencia a los comicios.
   Los argumentos no son coincidentes para todas estas iniciativas y se prestan a valoraciones que no pueden ser cotejadas necesariamente con los casos en los cuales el sistema ha sido implementado.

   Nuevamente se coloca en el sistema de votación y de control del voto una explicación de la dinámica política que tal vez deba buscarse en otros factores. Lo que no puede desconocerse es que la reforma política en su conjunto tiene una serie de consecuencias concretas en la competencia electoral, que beneficia a algunos y perjudica a otros.
V. Gastón Mutti
Profesor Titular UNR- UNER
Director del Centro de Investigación de Políticas Sub Nacionales UNR

jueves, 13 de octubre de 2016

Brasil, un mes y tres días después del impeachment. Dinámica institucional y elecciones municipales.

V. Gastón Mutti
Director del CIPS
Profesor Titular UNR-UNER[1]

            Aún resuenan y se hacen presentes las palabras que aclamaban o denostaban el impeachment al que fue sometida Dilma Rousseff en el mes de agosto en el Senado de Brasil. Un mecanismo que fue introducido en el cuerpo constitucional de ese país para sancionar transgresiones de naturaleza política, no necesariamente para actuar ante delitos en el sentido estricto del término. Estamos frente a los “delitos de responsabilidad”
            Y en esa característica se encuentra la particularidad de su utilización. Como es sabido en El Federalista ♯65 se consideraba que, dado el carácter elitista y contra mayoritario otorgado al Senado desde los debates fundacionales (Gargarella, 1995, 80), este cuerpo preservaría la necesaria imparcialidad en el juicio por su “sentido de responsabilidad y el interés que ellos tendrán en una administración respetable y próspera [que] les inspirarán una suficiente disposición a actuar”.
Sin embargo señalaba Hamilton, el 7 de marzo de 1788, que esos delitos: “Poseen una naturaleza que puede correctamente denominarse POLÍTICA, ya que se relaciona sobre todo con daños causados de manera inmediata a la sociedad. Por esta razón, su persecución rara vez dejará de agitar las pasiones de toda la comunidad, dividiéndola en partidos más o menos propicios o adversos al acusado. En muchos casos se ligará con las facciones ya existentes, y pondrá en juego todas sus animosidades, prejuicios, influencia e intereses de un lado o de otro; y en esas ocasiones se correrá siempre un gran peligro de que la decisión esté determinada por la fuerza comparativa de los partidos, en mayor grado que por las pruebas efectivas de inocencia o culpabilidad” (Hamilton, Madison, Jay, 1994, 277).
En otros términos, la dinámica de los hechos que han acontecido en Brasil ya estaban previstos por quienes propusieron inicialmente estos mecanismos.
Más de 150 han sido los pedidos de impeachment realizados desde 1985.
El primer presidente al que se le presentó fue José Sarney. Sin embargo el primero al que el mecanismo obligó a renunciar antes de ser enjuiciado fue Fernando Collor de Melo. Después de 1992, y hasta la actualidad, los cuatro presidentes que ocuparon el cargo – Itamar Franco (PRN), Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luis Inácio Lula da Silva (PT) y Dilma Rousseff (PT), sufrieron también varios pedidos de juicio político. Se han contabilizado 50 realizados por el PT a todos los presidentes en ejercicio entre 1990 y su triunfo en 2003.
Por parte de distintas fuerzas políticas 17 fueron iniciados contra Fernando Henrique Cardoso, 34 contra Lula y 67 contra Dilma Rousseff (de ellos 34 en 2015).
La laxitud con que está previsto el mecanismo lo transforma en la práctica en una forma de destitución por censura parlamentaria lo cual pone en discusión la estructura misma del presidencialismo, como también los criterios de representación popular (Negretto, 2016, 7).

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Fue en este marco en que se llevaron adelante las elecciones municipales del día domingo 2 de octubre en Brasil.
El PT sufrió su mayor derrota desde que alcanzó el gobierno en 2003.
            El resultado de la primera vuelta lo muestra al PT como el décimo partido en cantidad de prefecturas ya que alcanzó el triunfo en 256 y perdió 374. Cuatro años atrás el partido había sido el tercero, alcanzando el triunfo en 630 (por sus diferentes alianzas algunos cómputos consideran 642).
            Sin embargo, antes de las elecciones, en 108 de ellas, sus prefectos ya habían abandonado el PT en los dos últimos dos años producto de la migración de estos políticos a otras fuerzas que los resguardaran de la debacle que presentían.
            El desempeño fue peor en las grandes ciudades del país, ya que en los 54 municipios con más de doscientos mil electores sólo ganó en uno en primera vuelta (la capital de Acre, Río Branco) y colocó siete candidatos en segunda vuelta.
            Los resultados dejan al PT con 241 mil electores gobernados en los municipios más grandes, los que pueden llegar a 3,3 millones si triunfa en todos los casos en la segunda vuelta el 30 de octubre. En oposición en el año 2012 el electorado gobernado directamente por sus prefectos pasaba los 15 millones.
            La derrota del PT también significó un golpe para la estrategia histórica de Luiz Inácio Lula da Silva de imponer candidatos a las elecciones sin trayectoria en el partido para disputar cargos importantes. Lula se proponía desparramar en el país sus “postes” (en relación a candidatos “plantados” por él), como en su momento lo hizo con Dilma Rousseff en la presidencia y Fernando Haddad en la prefectura de San Pablo.
            Esta estrategia del ex presidente de mantener un control total sobre el partido y que todos estuvieran vinculados a él, no era compartida por parte del propio PT que discutía la forma en que definía los perfiles de los candidatos a los principales cargos y la elección de los mismos principalmente entre sus ex ministros acusados de tecnócratas con dificultad para actuar en el mundo de la política.
            En las elecciones municipales, los partidos que se vieron beneficiados por las derrotas del PT en esas prefecturas fueron el PSDB, PSD, PP, PDT, PR, DEM y PTB que, comparativamente con las elecciones anteriores, alcanzaron el triunfo en un mayor número.
            El gran ganador de los comicios en cantidades de votos fue el PSDB que venció en 791 municipios, 105 más que en 2012. Sin embargo su principal logró fue en San Pablo dónde desplazó al PT por más del 50% de los votos. De esta forma la administración de las grandes ciudades llega a 12,6 millones de personas bajo su mandato y aguarda la segunda vuelta en otras ocho capitales y diez municipios.
            Por su parte el PMDB no aprovechó la caída del PT, y aunque ganó el mayor número de municipios (1027) sólo aumentó en 12 las prefecturas respecto de 2012. Mantuvo un porcentaje de 18% de municipios y gobernará unas 14,8 millones de personas bajo su mandato que podrán ampliarse con sus 12 participaciones en la segunda vuelta electoral. Fue el partido que concurrió con el mayor número de candidatos a prefectos y concejales. Lo hizo en 16 capitales estaduales.
            La cantidad de votos de cada partido podrán incrementarse sensiblemente para aquellos que disputen la segunda vuelta, ya que de las diez ciudades más grandes del país, ocho aún tienen que elegir a sus prefectos entre los dos partidos más votados.
            El PSDB lo hará en Minas Gerais, Río Grande do Sul, Amazonas y Pará; el PT solamente en Recife, PR y PSOL en dos, entre ellas Río de Janeiro, y el PMDB sólo en una Río Grande do Sul.
            Otro perdedor relativo de la primera vuelta es el PSB que, en los municipios de más de 200 mil habitantes sólo logró un triunfo (Campinas). Deberá demostrar que puede mantener su presencia con su participación en la disputa de nueve municipios en segundo turno, aunque ya no llegará a sus 11 prefecturas en grandes ciudades como en 2012. No obstante, si el mejor de los escenarios se da para el PSD, perderá cerca de 2,1 millones de  electores gobernados de los 7,7 millones que tenía

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            Dos escenarios se están reconfigurado en Brasil. Por un lado el de sus instituciones políticas y constitucionales. Sus órganos ejecutivos y legislativos deberán construir un nuevo balance que permita saldar el desacuerdo entre las instituciones formales y su práctica, entre la legalidad y la legitimidad de los actos de gobierno. Un límite importante a esto lo coloca el mismo fragmentado y desnacionalizado sistema de partidos brasileño.
            Por otra parte, los últimos comicios han actuado como un indicador de la consideración ciudadana de las diferentes fuerzas políticas. El hasta hace poco partido mayoritario cede su lugar a otras fuerzas que disputarán su lugar en las elecciones presidenciales de 2018.
            Esto produce un mayor nivel de tensión en la política brasileña dado que en períodos preelectorales los consensos son muy poco probables y la diferenciación parece ocupar el centro de la escena.

Rosario, 11 de octubre de 2016.

Bibliografía:
Gargarella, R., Nos los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo, Miño y Dávila Ed., Buenos Aires, 1995.
Hamilton, A., Madison, J., Jay, J., El Federalista, F.C.E., México, 1994.
Negretto, G., “Destitución: ¿castigo penal o político?”, en La Nación, 19/9/16, http://www.lanacion.com.ar/1938137-destitucion-castigo-penal-o-politico



[1] Por contactos gmutti@unr.edu.ar, www.gastonmutti.blogspot.com.ar y www.formasdelapolitica.wordpress.com . Agradezco los comentarios realizados por Cintia Pinillos y Diego Gantus ambos profesores de la UNR- UNER.