jueves, 27 de junio de 2013

Conclusiones tentativas para el libro Boleta Única Estudio Comparado de los casos de Córdoba y Santa Fe

Para analizar la sanción de la legislación y la implementación de la Boleta Única debemos considerar qué aspecto del sistema electoral estamos observando.
            Como es conocido, y ha sido señalado por muchos especialistas, los sistemas electorales implican diferentes etapas en su instrumentación que conllevan distintos momentos que deben ser diferenciados.
            Así, dan forma a la presentación de las ofertas políticas en una elección y producen como resultados electorales una manera de adjudicación de puestos. Es decir influyen en la votación al poner en situación de decidir a los ciudadanos ante las alternativas de elección.
            Pero además producen efectos electorales diversos ya que los resultados de los comicios dependen del tipo de regulación de la representatividad. De esta manera, ésta puede aceptar o no situaciones como la reducción de partidos o los pisos electorales para que un candidato acceda a una banca.
            Otros fenómenos sobre los que inciden los sistemas electorales son la politización ideológica y política, la estructura interna de los partidos, las formas de representación de los intereses y de la participación política, el tipo de competición política y los modelos de campañas. En suma actúan sobre la legitimidad del sistema político (Nohlen, 2009, 2).
            De esta manera es relevante diferenciar cuatro áreas en las cuales los sistemas electorales establecen normas. La primera de ellas define la relación entre los votos y los escaños, en otras palabras cómo se convierte la voluntad ciudadana en lugares en los órganos legislativos. La segunda, rige sobre la distribución de las circunscripciones electorales, es decir las diferentes organizaciones territoriales que son establecidas. En tercer lugar, la definición de las candidaturas, de las formas por medio de las cuales los políticos deberán ofrecerse a la ciudadanía en el “mercado político”. En otras palabras fijan las condiciones para que un conjunto de ciudadanos pueda ser constituido y considerado un partido político. Por último, el proceso mismo de la votación (Nohlen, 1995, 47).
            Al estudiar la implementación de la Boleta Única, por lo tanto, hacemos referencia sólo a una parte, aunque sea importante, de este último aspecto, y a una pequeña fracción dentro de las demás cuestiones que define el sistema electoral. Este dato es de suma importancia dado que existe una tendencia recurrente en las argumentaciones de los líderes políticos, como también de académicos, periodistas o de la ciudadanía, en achacar a uno de los aspectos del sistema electoral, o unos pocos, las causas de los fenómenos de, por ejemplo, la crisis de la representación o de las estructuras partidarias.
             Todos los debates sobre reformas de los sistemas electorales, o de partes de ellos, han tenido como un elemento argumental fuerte la idea de mejorar la relación entre los electores y los elegidos. Como señala Hanna Pitkin en los tiempos modernos “…casi todo el mundo quiere ser gobernado por medio de representantes (…); toda causa o grupo político desea una representación; todo gobierno se precia de representar. Y al mismo tiempo, nos inquieta la diferencia que existe entre instituciones representativas reales y falsas, así como las variadas y competitivas formas en que la representación puede ser institucionalizada (Pitkin, 1985, 2).
En otras palabras se busca recuperar la representatividad de la representación aumentando el “grado de cercanía y conocimiento del representante por parte de los electores y de un mayor o menor compromiso del elegido con sus electores”. Esta posición se ha traducido, en el nivel normativo, en la alternativa entre el voto en el cual se pueda distinguir al candidato versus el voto por la lista partidaria. “Lo que se discute es la representación política en su dimensión individual: que el elector se siente representado y el elegido se siente vinculado a su electorado y responde responsablemente” (Nohlen, 1992, pág. 398).
            Sin embargo, en las discusiones no puede dejarse de lado el hecho de que al tomar la decisión de modificar el sistema electoral, o una de sus partes, las distintas fuerzas políticas incluyen en dicha opción una evaluación de los costos y los beneficios que ese cambio podría implicarles. Así, buscan utilizar en su provecho, hasta las últimas consecuencias, esas modificaciones de los mecanismos electorales.
No obstante, estos cambios deben ser entendidos en el contexto que configura la totalidad del sistema electoral, ya que aún una variación menor o parcial debe interactuar con el conjunto de la normativa constitucional y electoral existente.
            Para dar un ejemplo de cómo la implementación de un cambio normativo puede ser diferente en distintos contextos tomemos el caso de la Provincia de Santa Fe. Así, en ella se superponen dos decisiones respecto del sistema electoral.
La primera es la de desplazar la selección de los candidatos desde los partidos políticos a la voluntad de la ciudadanía en su conjunto. Esto se da por medio de la sanción en el año 2004 del sistema de internas abiertas obligatorias y simultáneas para los partidos políticos y semi obligatorias para los ciudadanos. De esta manera se sostiene el criterio de que son los electores quienes se convierten en los árbitros de las disputas partidarias para la selección de las candidaturas. Como ha sido argumentado desde diversas lecturas esta práctica acentúa la cada vez mayor debilidad de los partidos políticos de la provincia.
La segunda decisión es la implementación de la Boleta Única que analizamos. En ambos casos el argumento inicial se sustentó en mejorar las condiciones de representatividad de los candidatos electos. Sin embargo la manera en que se retroalimentan ambas decisiones legislativas diferencia la implementación de la boleta única en esta provincia respecto de la de Córdoba.
Sin embargo, no debemos olvidar que todo sistema electoral debe actuar en el marco de un sistema de partidos. Por ello, como ha sostenido Nohlen, en lo referente al sistema de partidos, la materialización de una opción de técnica electoral no depende sólo de que el legislador tome una decisión al respecto. Se deben incluir también otras variables históricas y sociales. “Así se explica por qué en el debate institucional, ligado a las opciones constitucionales o en la consultoría política, generalmente no se toma en cuenta el factor sistema de partidos. El campo de acción está restringido a la forma de gobierno y al sistema electoral. Asimismo, la variable sistema de partidos puede considerarse una función de las opciones tomadas respecto a las opciones institucionales. Así, en buena parte de los trabajos de ciencia política, el sistema de partidos no es tratado como variable independiente (como las variables institucionales), sino como una variable cuya conformación depende de las variables institucionales. Sin embargo, el sistema de partidos es un factor decisivo respecto de los resultados que exhiben y las apreciaciones valorativas que merecen los elementos institucionales (…) La tesis que tal vez mejor refleja este pensamiento, es que la política, la historia y las estructuras sociales tienen mayor incidencia que las instituciones“ (Nohlen, 1996, 21).
            El sistema de partidos se convierte en un nexo entre las instituciones, la historia y las estructuras sociales.
            Destacados estos aspectos sobre los que hay que reparar al momento de analizar los cambios electorales pasaremos a destacar cuáles fueron los principales argumentos favorables y desfavorables respecto de la Boleta Única.

Argumentos utilizados sobre la Boleta Única.

            Como ya hemos señalado, entre los argumentos favorables o desfavorables se destacan algunos que refieren directamente a la Boleta Única, mientras otros se relacionan con otros aspectos o diferentes momentos del sistema electoral.
            Entre estos últimos encontramos en primer lugar el argumento de la transparencia, del buen funcionamiento de las instituciones, de la seriedad y del respeto a la voluntad popular. Con relación a esta justificación es importante decir que estos “atributos” exceden a la singular experiencia de la Boleta Única ya que todo sistema electoras debe poseerlos, y si así no lo hace incurre en la acusación de ser fraudulento. En otras palabras, si estas fueran características propias de la nueva legislación sancionada, las contiendas electorales desde 1983 hasta nuestros días, tanto en las provincias como en la Nación, estarían viciadas desde el origen.
De esta manera, los encargados de implementar la nueva modalidad de votación permanentemente indicaban que “todo el acto eleccionario transcurrió con normalidad”, lo cual es un estímulo para corroborar primeras o segundas instancias de su práctica, pero no una particularidad del mecanismo empreado.
Sin embargo, y a pesar de los temores, la legitimación obtenida en las primeras pruebas realizadas con la Boleta Única fue muy importante. Como se señala en los informes y encuestas realizadas hubo una aceptación generalizada del mecanismo por parte de los ciudadanos, los cuales se adaptaron bien a la nueva práctica, y la encontraron sencilla de utilizar. Además, la cantidad de votantes que concurrieron a emitir su sufragio no reveló cambios significativos respecto de las elecciones anteriores. De esta manera en las provincias de Santa Fe y Córdoba cerca de cinco millones de ciudadanos (de veintinueve millones que tiene el padrón del país), estuvieron en condiciones de votar para cargos electivos vía la Boleta Única.
Esta situación llevó a que las autoridades electorales sostuvieran que nadie se arrepiente del cambio, que no hay marcha atrás y que su adopción da resultados positivos ya que sanea el modelo de sufragio.
Desde una lógica instrumental de la organización de los comicios, se sostuvo que en el momento de sufragar los electores ya no tendrían que padecer colas y esperas interminables.[1] Sin embargo, algunos aspectos fueron cuestionados. Entre ellos, al que consideramos más relevante, es el que sostiene, tanto en Córdoba como en Santa Fe, que es necesario diferenciar con precisión las categorías a votar. En el caso cordobés por las dificultades ocurridas en la utilización del casillero “lista completa”; en el caso santafesino por la no clara distinción de las boletas de cada categoría por ser sus colores similares y las letras que las identificaban no tan visibles.
Otro argumento es el que indica que el mecanismo es superador gracias a que el diseño y la impresión de las boletas es responsabilidad del Estado. Con relación a este punto es importante recordar que el mismo subsume diferentes cuestiones. En primer lugar que al ser el Estado el responsable de imprimir, distribuir y manipular las boletas, está asegurado que donde llegan las urnas llega la oferta electoral completa. Este es un argumento muy importante para el funcionamiento del sistema electoral dado que garantiza la posibilidad de que los electores puedan optar entre la totalidad de la oferta de candidatos. Además, es muy importante principalmente para aquellos partidos políticos que por su menor inserción o desarrollo no pueden cumplir con acercar las boletas, cuando la autoridad electoral no lo hace, a todos los lugares de votación.
Sin embargo también sería posible la impresión garantizada por el Estado de las denominadas boletas sábanas horizontales.
A esto se adiciona que la impresión de los votos ya no es una responsabilidad de los partidos políticos. Esto también es un avance muy importante en relación con la transparencia en el manejo de los fondos públicos por parte de los partidos. Se impide así una práctica muy común entre las fuerzas políticas que es la de recibir del aporte oficial una suma de dinero mayor que la finalmente destinada para la impresión de las boletas. De esta manera el sistema se convertía en una forma de financiamiento partidario espurio y en un negocio que generalmente se diseñaba desde partidos sin vocación representativa pero que se presentaban a las elecciones.[2] Sin embargo, nuevamente, esta no es una virtud sólo de la Boleta Única, sino de un cambio en la forma de financiar la impresión de los votos.
No obstante dos efectos que evidentemente tiene la implementación de la Boleta Única es que garantiza que se evita el hurto, o como se dijo el faltante, de boletas, y que hace desaparecer la posibilidad de colocar en el cuarto oscuro papeletas no válidas que lleven a la confusión del elector. De esta manera se ha sostenido que el acto electoral se torna más fácil de fiscalizar ya que los partidos no tienen que estar controlando si existen esas prácticas.
Sin embargo, estas acciones que buscan la confusión del elector, pueden ser remediadas sin la aplicación de este nuevo mecanismo, por medio de la acción de las autoridades de mesa y de la fiscalización de los partidos políticos como se hace en las elecciones nacionales y en muchas provincias.[3]
Debemos adicionar como debate, a partir de la sanción e implementación de la ley de Boleta Única, el relacionado con el voto en blanco.[4]
Esta categoría de voto ha sido interpretada de manera diferente en las dos legislaciones provinciales. La discusión se centra en si esta decisión ciudadana es una omisión o una acción explícita del sufragante. Así, en el primer caso, asemejándose a la emisión de un voto en un sobre vacío sin ningún elemento extraño a los comicios o con un papel en blanco, el voto blanco en la Boleta Única es la omisión de expresar con un símbolo la preferencia electoral. Dejar la boleta sin marcas. En la segunda manera de legislar, el voto blanco es la decisión explícita del votante en un casillero destinado al efecto.
Antes de los actos comiciales se especulaba que el número de votos blancos sería muy superior a la media de las elecciones precedentes. Los argumentos se sustentaban en el desconocimiento por parte de la ciudadanía del mecanismo de votación. Además ésta era una argumentación que no dejaba de tener una coloración política dado que eran las oposiciones provinciales quienes la enarbolaban.
No obstante las elecciones con Boleta Única no mostraron una tendencia marcadamente diferente respecto de los índices de voto blanco expresados en cada una de la provincia desde el 2001.
Es necesario destacar que sí incidió sobre el porcentaje de voto blanco la decisión legislativa en la diagramación de la Boleta Única. En el caso de Santa Fe al separar las categorías electorales en papeletas distintas, en el caso de Córdoba al hacerlo en una sólo hoja pero dando la opción de “lista completa”.
En Santa Fe a los electores se le entregaban, en el caso de las intendencias, cinco papeletas las que deberían ser marcadas individualmente, sin embargo esta forma de emitir el sufragio potenció que el elector colocara principalmente la atención en las figuras “ejecutivas” con mayor exposición pública en las campañas. Así, las categorías que menos votos blancos (y nulos) obtuvieron fueron las de los cargos ejecutivos provinciales donde el conocimiento de los candidatos ayudó a la opción del electorado. Sin embargo en las demás categorías los porcentajes de voto blanco fueron mayores. En el caso de las elecciones para intendentes de los dos grandes centros urbanos los porcentajes agregados de ambas categorías mostraron una media cercana a la histórica. De la misma manera se comportaron las votaciones para los Concejos Municipales. No obstante, como generalización, en el caso de las intendencias de segunda categoría y en las comunas la relación de carácter más personalizada permitió que el porcentaje de votos blancos y nulos fuera similar al de los cargos ejecutivos provinciales. En relación con la elección de los senadores provinciales, que es una institución con un gran peso y prestigio fundamentalmente fuera de los grandes centros urbanos, se mostró que hay una clara relación entre la disminución de la dimensión de los centros urbanos, la mayor importancia de estos cargos electivos y la menor cantidad de votos blancos y nulos allí registrada. De esta manera, según los departamentos, estas se constituyeron en elecciones similares a las ejecutivas.
Tal vez, el dato más importante se encuentre en las elecciones a los diputados provinciales donde la suma de votos blancos y nulos, tomando a la Provincia como distrito único, fue más importante, superando incluso en la primera vuelta electoral a todos los contendientes individualmente.
En el caso de Córdoba la decisión de la diagramación de la boleta, que incluía la columna izquierda de la “lista completa” produjo que, los ciudadanos, no seguros de dónde marcar lo hicieran sobre la columna de gobernador (donde estaba la foto) dejando las demás categorías en blanco. La diferencia del voto blanco al ejecutivo provincial y a los diputados por distrito único o para los representantes en los tribunales de cuentas provinciales, se asemeja a las diferencias registradas en Santa Fe. En cambio, en la categoría de legislador departamental, que incluye su foto en la boleta, los niveles de votos blancos fueron menores.
Aunque en ambos casos es posible encontrar una animadversión de la ciudadanía hacia los cuerpos colegiados, legislativos y de control, es importante destacar que la propia decisión legislativa en el diseño de la Boleta Única (y así lo consideran los propios analistas y los miembros de los partidos políticos) potenció el aumento del voto blanco en ciertas categorías.
            Es necesario agregar que, en el caso de Santa Fe, y a contra corriente de las prácticas electorales de nuestra sociedad, las boletas entregadas a los electores cuentan con la opción del voto blanco. Así, en el extremo inferior de la misma, se encuentra un casillero en el cual se debe explicitar dicha elección. De esta manera, la interpretación indica que la inexistencia de marcas debe ser considerada voto nulo. Esto llevó a un incremento sustancial de los votos nulos que en determinadas categorías superó a los votos blancos.
            Los estudios realizados con posterioridad a los comicios en las urnas escrutadas demostraron que un importante número de los votos en blanco corresponden a boletas que directamente no tienen marcas y no a errores en las opciones tomadas por el elector o a la búsqueda de éste de anular su voto.
            Como hemos sostenido en la Introducción las opciones que los legisladores toman al momento de sancionar una norma electoral inciden y condicionan las decisiones del elector.
            A esta discusión se debe adicionar el argumento esgrimido por los sostenedores del sistema según el cual la Boleta Única ataca el corazón de las prácticas políticas clientelares. Se considera que su utilización evita la manipulación y presión a los electores dado que los partidos no pueden llevar adelante prácticas que van desde el intercambio de votos por favores, especies o el denominado voto cadena.
            Esta cuestión es de central importancia dado que uno de los aspectos más conocidos, discutidos y criticados de la implementación del sistema de boleta sábana, que históricamente se ha aplicado, era el de los modos por medio de los cuales se producían acciones que atentaban contra la libre decisión de los electores.
            Sin embargo, las observaciones realizadas por los equipos de la UCC y de la UNR, como las decisiones de las autoridades electorales provinciales, han mostrado como el uso de la Boleta Única no impide las prácticas clientelares.
Entre ellas, se cuenta la posibilidad de fotografiar la boleta con un teléfono celular con lo cual la relación clientelar puede seguir estando presente. Esto llevó a que en la Provincia de Santa Fe, entre las dos elecciones realizas con este mecanismo, la autoridad electoral prohibiera la utilización del celular en el cuarto oscuro. Esto se sancionó más allá de la dificultad de hacer cumplir esta disposición por parte de los responsables de los comicios. De esta manera el denominado “voto cadena” ya no necesitaba de la sustracción de una Boleta Única (antiguamente un sobre firmado por las autoridades de la mesa), dado que las nuevas tecnologías al alcance de la ciudadanía permiten “garantizar” el voto.
Otra acción promovida por activistas políticos, y detectada por las observaciones en la Provincia de Córdoba, es la de entregar un papel para colocar debajo de la Boleta Única en el cual queda registra la marca que se realiza en la misma.
Todas estas formas de alterar clientelarmente la libertad en el ejercicio del voto muestran que no hay una garantía respecto de la eliminación de estas prácticas con el nuevo mecanismo. Es más, en Córdoba, a pesar de que el 86% de los encuestados expresaron su preferencia por la Boleta Única, el 50% consideró que con el nuevo mecanismo el fraude será peor o igual que antes.
Una cuestión de fundamental importancia en el debate de la Boleta Única fue que la misma, según su diseño, impide el voto arrastre horizontal. Así, gran parte de las críticas a la boleta electoral previamente utilizada se debió a que su estructura horizontal dificultaba el conocimiento de los candidatos por parte de los electores e inducía a que no se produjeran cortes entre los distintos cuerpos de la misma. Este argumento se da independientemente de la evaluación del crecimiento de dicha práctica entre el electorado argentino.
Las decisiones adoptadas en Córdoba permitieron que en la Boleta Única exista la opción de la “lista completa” propendiendo a mantener, o reforzar, una identidad partidaria por sobre la del candidato particular. Sin embargo, en Santa Fe la inexistencia de dicha opción, como la separación de las papeletas en distintos cuerpos según las categorías, reforzó la posibilidad de que se “independizara” la decisión de los electores. Mientras esta tendencia no fue tan clara en la primera vuelta electoral, si se profundizó en la segunda vuelta llevando incluso a que el ejecutivo provincial electo no cuente con mayoría propia en la Cámara de Diputados por primera vez desde la sanción de la Constitución Provincial en 1962.
Desde ya que el argumento que fue destacado por los opositores al nuevo mecanismo ha sido el de la personalización de la política. Cabe aclarar que dicho fenómeno no es una particularidad de la Boleta Única, sino que es una característica propia de la política de nuestros tiempos (Manin, 1998). No obstante las decisiones pueden inducir a que exista más o menos personalización de la política.
Esta crítica comienza con la inclusión de la foto de los principales candidatos en la boleta. Pero también la podría tener la lista sábana, en la cual ha sido una práctica común resaltar los nombres de los candidatos deseados colocándolos con letras de un tamaño mucho mayor a los demás.
            Para los críticos del mecanismo de Boleta Única se da una hiper personalización que se produce principalmente en la elección de los cargos ejecutivos. Así, la diagramación de la misma, el aditamento de la foto del principal candidato, se puede relacionar con los menores porcentajes de votos blancos y nulos obtenidos por aquellos candidatos ejecutivos o únicos (senadores o legisladores departamentales según la provincia) con mayor exposición pública.
Otro de los argumentos utilizados sobre la personalización generada, pero que insistimos no es atribuible a la Boleta Única, es la aparición de outsiders de la política con un importante caudal electoral obtenido. Esta tendencia no es una novedad en la política argentina, en la cual los partidos políticos han recurrido en muchas oportunidades a esas figuras públicas para capitalizar políticamente su conocimiento popular.
Lo que ha sido destacado por los diferentes candidatos y partidos políticos es que el nuevo mecanismo ha inaugurado es una nueva manera de hacer las campañas electorales.
Lo que no puede resolver la Boleta Única es el aumento del desconocimiento de las candidaturas de la llamada sábana vertical. En otras palabras, en la selección de los cargos legislativos sólo se accede a la identificación y a la foto de los primeros nombres de los candidatos, quedando los demás en el anonimato para los ciudadanos no informados.
            La Boleta Única no atenta necesariamente contra el histórico control de las fuerzas partidarias sobre la selección de sus candidatos, ni es una expresión de su fragmentación. Las respuestas a estas cuestiones deben ser buscadas en otro lado.
            Sin embargo, en contextos de alta fragmentación partidaria, un reforzamiento en la tendencia a la personalización acrecienta los efectos sobre el sistema de partidos.
            Debemos aclarar que, pese a las críticas, quedó demostrada la posibilidad de implementación del mecanismo a pesar de la fragmentación partidaria que define al sistema político argentino. Tomando un solo ejemplo en la ciudad de Rosario se presentaron 36 listas de concejales.
A pesar de ello es necesario volver a las palabras de Nohlen cuando nos recuerda la centralidad del sistema de partidos y cómo este no es tratado como una variable independiente sino que se lo subsume como una variable cuya conformación depende de las instituciones (Nohlen, 1996, 21). De esta manera, las características del sistema de partidos de cada provincia es un factor decisivo respecto de los resultados que exhibe la implementación de la Boleta Única, y así, la política, la historia y las estructuras sociales cobran una mayor incidencia.
            La misma heterogeneidad histórica de cada sistema político plantea la existencia de variables mucho más determinantes que una sola institución, como la Boleta Única, de la que se puedan desprenden las características de un sistema electoral. Por ello, cada sistema electoral es correspondiente a la sociedad que lo posee y así debe ser analizado. Como aclara Nohlen los efectos y los resultados de sistemas electorales son multifactoriales, de esta forma, si bien se reflejan en resultados globales estos no traducen toda la complejidad que se aloja en la representación. Estos resultados dependen de si los partidos políticos responden a las condiciones de éxito tacitas en dicho sistema electoral.
            Pero también los cambios en las condiciones objetivas y subjetivas de un sistema político producen variaciones en los sistemas electorales. En otras palabras, estos no son estáticos ni ahistóricos.
            Concluyendo con Nohlen, “…no existe un sistema electoral óptimo del que puedan aprender todos, pues los sistemas electorales son respuestas técnicas y políticamente aceptables solo bajo ciertas condiciones históricas y de consenso, de conflicto, de cultura y legitimidad”. Por ello la “aplicabilidad de un sistema electoral no obedece, entonces, a cuestiones de calidad y técnica tanto como a las cuestiones de poder. Decidiéndose su forma y funciones en relación a los puntos de vista que tiene las diferentes fuerzas políticas” (Nohlen, 2009, 4).


Bibliografía:

Borello, R., Mutti, V. G., (2003), “La ley de lemas en la Provincia de Santa Fe”, en Muñoz, R., (comp.), Crisis de representación y reforma política, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
Manin, Bernard, (1998), Los principios del gobierno representativo, Alianza Editorial, Madrid.
Nohlen, Dieter, (1992), Sistemas electorales y representación política. Apuntes para el debate sobre reforma electoral, http://www.bibliojuridica.org/libros/2/635/22.pdf.
Nohlen, Dieter, (1995), Sistemas electorales y partidos políticos, F.C.E., México.
Nohlen, Dieter, (1996)La trilogía: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, IIDH/CAPEL, 3ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, México, julio.
Nohlen, Dieter, (2009), Sistemas electorales fundamentos y alcances, http://dspace.universia.net/bitstream/2024/209/1/Sistemas+electorales+fundamentos+y+alcances.pdf.
Pitkin, Hanna, (1985), El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.




[1] Este punto generó en la Provincia de Santa Fe discusiones previas a los comicios dado que la oposición política argumentaba que el mecanismo sería mucho más engorroso y lento.
[2] Como ejemplo, en la Provincia de Santa Fe se corroboró una disminución de la cantidad de partidos políticos que participaron de la contienda.
[3] Como se señaló en el informe, en el caso de la Provincia de Córdoba se debe agregar la figura de los Fiscales Públicos Electorales.
[4] Se debe recordar que esta categoría es de importancia no sólo como expresión de legitimidad de las opciones electorales, sino también porque incide directamente en la manera de efectuar los repartos de bancas donde se contabilizan los votos válidos efectivamente emitidos.

miércoles, 5 de junio de 2013

Oficialismo y oposición. La posibilidad del diálogo, las instituciones y la construcción de argumentos genuinos.

"No levantes la voz, mejora tu argumento".
Desmond Tutu (Premio Nobel de la Paz 1994).

Las relaciones entre las oposiciones y los oficialismos siempre han sido trabajosas, inestables y conflictivas. Se producen en los diferentes ámbitos de la política: en el nacional, en la provincial y en la municipal o local. Esta situación se profundiza, a su vez, ya que en la mayor parte de las instancias electorales nos enfrentamos a la necesidad de elegir entre grandes frentes que conforman la oferta presentada a la ciudadanía. Al interior de dichos frentes los cambiantes intercambios entre los partidos los vuelven principalmente instancias electorales más que de gobierno.
Ante esta caracterización es importante resaltar la tensión que se produce en nuestro país entre la instauración de una democracia que no necesariamente se preocupa por el resguardo del republicanismo (aunque no solamente por los debates de este último año) ni por el federalismo (el cual aguarda aún la sanción de una nueva regulación fiscal pendiente desde 1994).
De esta forma se desarrolló una cultura electoral profundizando, en muchos casos, sólo el concepto procesal de la democracia, pero que no necesariamente forjó una cultura democrática. Nuestra democracia es un régimen político, pero ha alcanzado en muchas oportunidades sólo niveles formales en las coyunturas electorales. Menor ha sido el desarrollo de aquel conjunto de creencias, valores, actitudes, prácticas y ámbitos de convivencia que condicionan y son expresadas por la sociedad.
Resulta claro que toda democracia moderna se caracteriza por incluir entre sus requisitos un conjunto de reglas de juego. Han sido formuladas de distintas maneras, aunque enumeradas sintéticamente las podemos agrupar en: la regla del consenso, la regla de la competencia, la regla de la mayoría, la regla de la minoría, la regla de la alternancia, la regla del control, la regla de la legalidad, y por último la regla de la responsabilidad. Todas estas reglas funcionan si los ciudadanos son responsables y comprenden que deben funcionar todas juntas, reproduciéndolas sin ponerlas en peligro.
Para que se haga operativa la regla del consenso y la de la competencia la democracia moderna exige, como dato principal, al sufragio universal. Los ciudadanos se enfrentan al voto con sus dudas, temores, certezas, esperanzas, con sus costumbres, con sus prácticas, con su cultura. Eligen en función de los problemas o por su identificación con un candidato o con un partido, votan a favor o en contra. Buscan nominar, asignar a alguien la capacidad de decidir y gestar soluciones para aquellos problemas que han sido demarcados y que consideran que los acercará a un interés general. Simplifican. Las elecciones no resuelven los problemas, sino que indican quienes serán los encargados de resolverlos, por ello no necesariamente determinan las políticas.
Es por esto que el sistema de partidos del país, o de las diferentes divisiones territoriales, es el reflejo de las tradiciones organizativas de la política y de sus fuerzas sociales. Sin embargo hoy encontramos que cada vez más no cumplen con la representación ciudadana. Ha disminuido su capacidad de ser los actores que generan la identificación de la ciudadanía y la agregación de las demandas. No se concentran en conservar adherentes – como en el pasado-, sino en conquistar un electorado con la popularidad de sus dirigentes obtenida en apariciones mediáticas.
Las encuestas de opinión son la guía de lo que los partidos deben hacer y de cuál es el registro del estado de opinión. La ciudadanía tiene pronunciamientos eventuales, no permanentes, que se orientan por ese estado de opinión. La fluctuación del voto es un estado continuo, con un electorado mayoritariamente no alineado que no se identifica permanentemente con una etiqueta partidaria.
Es por esto que la característica fundamental del espacio público en la actualidad es que ya no está regulado sólo por las fuerzas políticas. En él coexisten diferentes partícipes de la comunicación política.
Esta situación grafica la crisis de los principios organizativos sobre los que se crearon y sustentaron los partidos de la sociedad de masas. A su debilidad para insertarse territorialmente en las provincias y en los municipios se le suma el resquebrajamiento de las estructuras de alcance nacional. Se ha sugerido que es más oportuno hablar de sistemas subnacionales de partidos políticos que logran aglutinarse en elecciones de carácter nacional.
De esta manera se refuerzan los jefes políticos territoriales, que acrecientan su poder y utilizan sus recursos para controlar los aparatos partidarios y así promover, o vetar, a los ciudadanos que aspiran a ser representantes.
Durante la última década en muchas de las contiendas elecciones la democracia se caracterizó por darle a los electores la ‘opción’ entre un partido y el mismo partido y cuyos candidatos proponen ‘no programas’ que ellos cuidarán que no se concreten.
Los partidos políticos no son los mismos, los ciudadanos representados son otros, el espacio público tiene otros actores muy poderosos. Las instituciones deben acompañar estos cambios para que la política siga constituyéndose en el ámbito donde surge lo común a una sociedad.
            Por lo antes señalado, para vivir en este tipo de régimen político con responsabilidad, es fundamental que se afiance la cultura democrática, ya que sin su desarrollo una sociedad de masas se reduce a un conjunto disperso de reivindicaciones, que produce gobiernos impulsados a decidirse por distintas dosis de abierta demagogia o autoritarismo oculto.
Las instituciones importan, ya que son cruciales para estructurar la lucha política y el debate de las ideas. Así la búsqueda del diálogo con responsabilidad, se coloca en el centro de la escena política y social de nuestro país.
Pero para su realización es necesaria la existencia de un conjunto de argumentos genuinos que deben evitar algunas circunstancias. El diálogo no implica la simple expresión de intereses particulares para buscar una solución, pero tampoco pueden desentenderse de los mismos. Además no puede centrarse sólo en la descripción de tradiciones o costumbres como manera de resolución de las diferencias, ni en resultados que se dirigen a nombres propios o grupos definidos. Es por ello que el diálogo debe resistir a las incongruencias de las prácticas de los formuladores de los argumentos y a las expresiones que no sean aceptables desde un punto de vista imparcial.
Dejar de lado todos estos límites hace progresar el diálogo hacia criterios de imparcialidad y responsabilidad, enfrentando el autointerés y la indiferencia hacia las diferentes soluciones propuestas. Pero además, al oponerse a las negociaciones basadas en puros intereses lleva al fortalecimiento de los procesos democráticos, ya que de otra manera valores como la igualdad y la equidad son puestos en peligro. Si se pone en peligro los derechos y no son asegurados, existe evidencia para suponer que el resultado del proceso no será justo.
De esta manera el diálogo entre las oposiciones y los oficialismos deben prestar atención a la mayor cantidad posible de intereses por la necesidad de alcanzar soluciones que satisfagan a la mayoría.
Las instituciones son el marco de este ejercicio, lo facilitan, lo encaminan, le colocan límites, hacen de la democracia una experiencia de construcción colectiva.
 Artículo preparado para la Revista PuntoBiz 10º aniversario

Rosario, mayo de 2013.