MALVINAS

Una visión alternativa.

A tres décadas de la trágica aventura militar de 1982 carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina. Entre los motivos de aquel respaldo no fue menor la adhesión a la causa-Malvinas, que proclama que las Islas son un “territorio irredento”, hace de su “recuperación” una cuestión de identidad y la coloca al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país.

Un análisis mínimamente objetivo demuestra la brecha que existe entre la enormidad de estos actos y la importancia real de la cuestión-Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Sin embargo, un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de “política de estado”. Creemos que es hora de examinar a fondo esa política a partir de una convicción: la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país.

Una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial- con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio “Las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños.

La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.

Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.

Necesitamos superar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que deje atrás el conflicto y aporte soluciones. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá que el dos de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras sino que sirvan para que los argentinos -gobernantes, dirigentes y ciudadanos- reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.



Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli

El Derecho a la Información: una vieja asignatura pendiente.

Plan Fénix
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Febrero de 2012


El derecho a la información está consagrado por la Constitución Argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el Presidente Kirchner dictó el Decreto N° 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo, rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del INDEC. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino con relación a su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del INDEC recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.

Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la SIGEN o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América Latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.

Libertad de expresión y democracia.