lunes, 10 de diciembre de 2012

El adiós a un educador. Murió el reconocido docente de Ciencia Política Alberto Petracca.


10/12/2012
Diario La Capital

El ex secretario académico de la UNR de 63 años, sufrió un accidente doméstico. Hoy será el sepelio. El recuerdo de los colegas.

La comunidad educativa de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) le dirá adiós hoy a uno de sus más reconocidos docentes, Alberto Petracca, quien murió el sábado pasado a causa de un accidente doméstico. Sus familiares, alumnos y colegas lo despedirán en un breve servicio previo al sepelio en el Cementerio Parque de Pérez, mientras que la casa de estudios de Berutti y Riobamba permanecerá cerrada en señal de duelo.
“Fue sobre todo un educador”, resumió un colega de Petracca, ex secretario académico de la UNR, que mantuvo un fuerte compromiso con el establecimiento de autoridades de mocráticas tras la última dictadura militar.
Por decisión familiar, sus restos no serán velados y el último adiós será hoy, a las 11,30, en el sepelio. Petracca, de 63 años, fue encontrado sin vida el sábado en su domicilio, donde vivía sólo. Según sus allegados, sufrió un fuerte golpe en la cabeza producto de una caída. Eso le causó una gran pérdida de sangre y, al parecer, no tuvo posibilidades de pedir ayuda.
Petracca fue desde 1998 hasta 2007 secretario académico de la UNR. De intensa actividad institucional en la universidad, también fue candidato a vicerrector y a decano de Ciencia Política. En los últimos años estuvo dedicado a la docencia como profesor titular en las cátedras de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional. Además dirigió el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner).
“Es una perdida muy importante que produce mucho pesar en la comunidad de la facultad. Además de su reconocido recorrido académico, Alberto tuvo siempre un alto protagonismo y compromiso con la vida institucional de la casa” dijo el decano de Ciencia Política Franco Bartolacci.
“Él se reincorporó a la universidad en 1984 y tuvo una participación muy activa en el proceso de renovación generacional y de establecimiento de las autoridades democráticas. Con posterioridad, fue electo consejero superior durante ocho años”, recordó Gastón Mutti, ex alumno y luego colega en la cátedra que dirigía Petracca.
El docente también lo evocó como “un gran estudioso de los sistemas electorales. Fue muy crítico de la ley de lemas y a su vez desarrolló su tarea en el derecho de familia como profesor de posgrado”, dijo Mutti.
Fue Abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En 1984 fue candidato a sanador provincial por el Partido Intransigente (PI). Políticamente, estuvo cerca de sectores del reformismo universitario, tanto de la UCR como del socialismo. Esta última es la ideología que reconoció como propia en su perfil de Facebook, donde confluyeron mensajes de despedida.
“Fue un importantísimo formador universitario. A él le gustaba diferenciar ser universitario de ser graduado, entendía lo primero como ser una persona con la mente abierta y cosmopolita. Fue muy querido y abocado a sus alumnos. Era un profundo problematizador y disfrutaba dando clases a los alumnos de primer año, con quienes sentía que podía discutir sin preconceptos. Eran los que más lo divertían porque se animaban a decir cosas que después se vuelven políticamente incorrectas” completó Mutti la sembalnza de su maestro y colega.

miércoles, 21 de noviembre de 2012

Laurence Stephen Lowry.

1 Noviembre de 1887 – 23 Febrero de 1976, artista Inglés nacido en Stretford, Lancashire.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Elecciones en Estados Unidos II

En las elecciones presidenciales de ayer en los EE.UU. también se votaron 178 Iniciativas populares y referendos, también sometidos al sufragio en diferentes Estados.
En 39 de los 51 territorios que componen el país, se votaron
iniciativas de las más variadas temáticas.

Los electores estadounidenses decidieron mucho más que la designación de su próximo presidente y representantes. Se eligió sobre temas como la pena de muerte, el aborto o el matrimonio homosexual.
En las elecciones presidenciales de 2008 se sometieron 153 proposiciones a votación, lo que supone un incremento este año de un 16,3%. California y Florida, con 11 propuestas cada uno, son los estados que más medidas presentaron a sus electores.
Entre los proyectos más destacados encontramos: Legalización de la marihuana - Matrimonio homosexual – Aborto – Leyes -discriminatorias - Pena de muerte - Derechos sindicales – Eutanasia – Juego - Sueldo de los políticos.

lunes, 22 de octubre de 2012

La pérdida de Martín Lardone.


El viernes 19 de octubre falleció Martín, un gran politólogo de la UCC y un constante constructor de instituciones. Quiero recordarlo en sus intereses con algunos de sus últimos post en su cuenta de Facebook.

Dijo Simon Bolivar: "La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente". Fragmento del discurso de instalación del Congreso de Angostura, el 15 de Febrero de 1819.

"Si no se espera lo inesperado, no se hallará". Heráclito

Y sus dos últimos:
“Cruzando la salina a la luz de la luna.”
“Luna siempre hay... lo que te falta es poesía...

Saludos amigo.
QEPD

Falleció una de mis maestras.


El día 11 de octubre falleció Sonia Bengoechea. Fue una de mis primeras Profesoras en el ingreso en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario en 1984. Era la titular de Teoría Sociológica. Compartimos el Consejo Directivo de la Facultad y la Asamblea Universitaria en la dificultosa etapa de la reconstrucción democrática de las universidades.
Con posterioridad me sumó a sus equipos de trabajo y me animó de mil maneras para que me siguiera formando, en “su” FLACSO. Hizo todo lo posible para ayudarme y me avaló para ser becado para estudiar en el extranjero.  Me invitó a participar en su momento en lo que fue su “éxito editorial” El mundo moderno.  Luego me dio una nueva oportunidad en la Secretaría Técnica de la FLACSO en su sede Rosario, donde la acompañé diez años.
Se comportaba como una Profesora, una Madre, una Amiga. Ayudaba, felicitaba y retaba
Muchas gracias Sonia por todo lo que nos diste y me diste.

QEPD

jueves, 18 de octubre de 2012

Moldeando las almas. La importancia en los manuales escolares de la conceptualización del Estado moderno.

V. Gastón Mutti,

Attara Loriana
Figueroa Gabriela
Piva Griselda
Sánchez Bibiana

https://docs.google.com/open?id=0B3ia3wO-_7iSRFF2dmpPem1PZ2c

Resumen:
Los manuales escolares de ciencias sociales en la educación argentina, han sido y son instrumentos primordiales para transmitir conceptos que se pretenden claros para los estudiantes. La hipótesis sustentada es que los libros de texto de ciencias sociales que son utilizados en los niveles primarios y medio, pretenden determinar a futuro las concepciones que los niños-adolescentes tendrán sobre su sociedad. Mediante este tipo de herramientas se crean valores y se establecen elementos para concretar procesos constitutivos que llevan a cabo los gobiernos. Para comprobarla se analiza el tratamiento del concepto de Estado, población, nación, territorio y frontera en diferentes textos escolares durante el siglo XX. Así se comprueba que el Estado ocupa un lugar central en los manuales de geografía y de historia al ser presentado como un actor natural, nacional, homogéneo y unívoco. Por ello se considera que es preciso revisar en qué contexto y bajo qué políticas fueron confeccionados los textos utilizados en el ámbito escolar para, al elegirlos y leerlos, prestar atención y seleccionarlos desde su toma de posición.

En Galileo nº2, octubre de 2012, Rosario, págs. 33- 65.

martes, 9 de octubre de 2012

Elecciones en los Estados Unidos.

Big Bird trabaja en Plaza Sésamo y Mitt Rooney lo quiere despedir.

martes, 25 de septiembre de 2012

Una nueva ronda de reformas electorales provinciales.

En Espacios Políticos, año 13, nº 8, Buenos Aires, ISBN 1853807x, págs. 55 y 56, agosto de 2012. Los cambios en las reglas del juego electoral para la selección de candidatos y gobernantes, producidos en la última década, no sólo afectan la política partidista sino que también reflejan la política partidista (Freidenberg, Alcántara Sáenz, 2009, 13). Al ser tomada la decisión de modificar el sistema electoral, o una de sus partes, las distintas fuerzas políticas incluyen una evaluación de los costos y los beneficios que ese cambio podría implicarles. Así, buscan utilizar en su provecho, hasta las últimas consecuencias, los nuevos mecanismos electorales. Duverger señala que el sistema de partidos es el reflejo de las tradiciones y de sus fuerzas sociales por lo cual la influencia de los sistemas electorales puede ser contrarrestada por estos factores básicos. Por ello la relación entre las normas electorales y los sistemas de partidos no es mecánica ni automática. Un régimen electoral específico es producido a partir de las disputas en la política partidista, pero además éste no reproduce o produce necesariamente un sistema de partidos específico (Duverger, 1988, 14). El sistema de partidos se convierte en un nexo entre las instituciones, la historia y las estructuras sociales (Nohlen, 1996, 21). Esto es lo que hace que las instituciones electorales puedan ser utilizadas incluso para mantener con vida a partidos y coaliciones muertas así como impedir o promover el ascenso de nuevas fuerzas electorales al gobierno. (Calvo y otros, 2001, 58). De esto da cuenta la reiteración de los cambios electorales de nuestro país y en las provincias. Esto se produce porque, aunque los votos de cada ciudadanos tienen un mismo valor, los sistemas que traducen esos votos en representantes pueden generar que, ponderados, ellos no tengan la misma cuantía. Al estudiar estas interacciones se debe poner atención a los procesos de selección de los candidatos en la escala provincial, es decir, al modo en que se decide quién será el encargado de representar al partido y la manera en que esa acción se pone en práctica. Pero no se debe olvidar que al describir un sistema de selección de candidatos de partidos sub nacionales, es necesario también entender la articulación que se establece entre esta escala y los niveles superiores de competencia en los que participan los partidos políticos nacionales. Además se debe recordar que esta interacción puede traer consecuencias en el balance de fuerzas que los cambios en la escena sub nacional proyectan hacia los otros niveles. Esta situación se produce en contextos en los que cada provincia elige a los representantes con distintos sistemas electorales y cada una de ellas tiene sus propias autoridades electorales. Esta alta diversidad contrasta con la estable distribución de casi dos tercios de provincias pertenecientes al justicialismo desde 1983 y con otras gobernadas por el radicalismo o por partidos provinciales o alianzas durante todo ese lapso o en gran parte del mismo. Esto permite destacar que las diferentes arquitecturas institucionales son controladas por el partido que define la agenda de la reforma y la implementa, así consolida su lugar de preponderancia política. De esta manera las reformas electorales provinciales han actuado y actúan como formas de impedir o reducir el surgimiento de nuevos competidores políticos, tanto fuera como dentro del partido de gobierno (Calvo y Micozzi, 2003, 3). Este conjunto de medidas llevan a que los niveles de competencia partidaria provincial desde 1983 fueran bajos, y el número efectivo de partidos en sus legislaturas extremadamente bajo, con lo cual el estudio de los sistemas partidarios de las provincias confirma escenarios más rutinarios y no tan problemáticos (Calvo y Micozzi, 2003, 14). La boleta única. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar la sanción y la implementación de la boleta única. En este caso se legisla sólo una pequeña fracción de las cuestiones que definen el sistema electoral. Esto debe ser señalado dado que algunos líderes políticos, académicos, periodistas o ciudadanos, culpan a uno u otro aspecto del sistema electoral como las causas de la crisis de representación o de las estructuras partidarias. No obstante, estos cambios deben ser entendidos en el contexto que configura la totalidad del sistema electoral, ya que aún una variación menor o parcial debe interactuar con el conjunto de la normativa constitucional y electoral existente. Como ya hemos señalado, entre los argumentos favorables o desfavorables se destacan algunos que refieren directamente a la boleta única, mientras otros se relacionan con otros aspectos o diferentes momentos del sistema electoral. Entre estos últimos se encuentra el argumento de la transparencia, del buen funcionamiento de las instituciones, de la seriedad y del respeto a la voluntad popular. Con relación a esta justificación es importante decir que estos “atributos” exceden a la singular experiencia de la boleta única ya que todo sistema electoral debe poseerlos, y si así no lo hace se vuelve fraudulento. Otro argumento indica que el mecanismo es superador gracias a que el diseño, la impresión, la distribución y la manipulación de las boletas es responsabilidad del Estado. Sin embargo, también sería posible con las denominadas boletas sábanas horizontales. Sí produjo un avance muy importante en la transparencia del manejo de los fondos públicos ya que impide la utilización del aporte oficial de dinero para la impresión de las boletas como mecanismo de financiamiento partidario espurio. Esta no es una virtud de la boleta única, sino de un cambio en la forma de financiar la impresión de los votos. Con relación al hurto, el faltante, o la adulteración de boletas, se ha sostenido que el acto electoral se torna más fácil de fiscalizar ya que los partidos no tienen que estar controlando esas prácticas. No obstante estas acciones pueden ser remediadas por la acción de las autoridades de mesa y de los partidos políticos sin la aplicación de este nuevo mecanismo. A esta discusión se debe adicionar el argumento esgrimido por los sostenedores de la boleta única que consideran que su utilización evita la manipulación y presión a los electores, el intercambio de votos por favores, especies o el denominado voto cadena. Sin embargo, las experiencias analizadas, como las decisiones de las autoridades electorales provinciales, han mostrado que su utilización no impide las prácticas clientelares. Entre ellas, se cuenta la posibilidad de fotografiar la boleta con un teléfono celular con lo cual la relación clientelar puede continuar por las nuevas tecnologías que permiten “garantizar” el voto. Otra acción promovida por activistas políticos es la de entregar un papel para colocar debajo de la boleta única en el cual queda registra la marca que se realiza en la misma. A pesar de los debates y críticas, la legitimación obtenida en las primeras pruebas realizadas fue muy importante con una aceptación generalizada del mecanismo por parte de los ciudadanos. Por ello las autoridades electorales sostienen que nadie se arrepiente del cambio, que no hay marcha atrás y que sanea el modelo de sufragio. Una cuestión de fundamental importancia en el debate fue el de impedir o garantizar el voto arrastre horizontal. Aquí las opciones tomadas provincialmente no adoptaron el mismo camino. O favorecer el sistema de partidos en la dinámica provincial o garantizar la territorialización departamental, municipal o comunal de las decisiones electorales. El argumento destacado por los opositores al nuevo mecanismo es el de la personalización de la política. Cabe aclarar que dicho fenómeno no es una particularidad de la boleta única, sino que es una característica de la política de nuestros tiempos. No obstante las decisiones pueden inducir una tendencia mayor o menor en ese sentido. Esta crítica comienza con la inclusión de la foto de los principales candidatos en la boleta, pero también la podría tener la lista sábana en la que se resaltan los nombres. Otro de los argumentos utilizados es la aparición de outsiders de la política pero ello no es una novedad en la política argentina, en la cual los partidos políticos han recurrido en muchas oportunidades a esas figuras públicas para capitalizar políticamente su conocimiento popular. Lo que ha sido destacado por los diferentes candidatos y partidos políticos es que el nuevo mecanismo ha inaugurado es una nueva manera de hacer las campañas electorales. Lo que no puede resolver la boleta única es el aumento del desconocimiento de las candidaturas de la llamada sábana vertical, es decir los candidatos que no aparecen en la boleta. Por lo dicho esta forma de votación no atenta necesariamente contra el histórico control de las fuerzas partidarias sobre la selección de sus candidatos, ni es una expresión de su fragmentación. Las respuestas a estas cuestiones deben ser buscadas en otro lado. Sin embargo, en contextos de alta fragmentación partidaria, un reforzamiento en la tendencia a la personalización acrecienta los efectos sobre el sistema de partidos. Retomando argumentos. Es necesario volver a las palabras de Nohlen cuando nos recuerda la centralidad del sistema de partidos y cómo este no es tratado como una variable independiente sino que se lo subsume como una variable cuya conformación depende de las instituciones (Nohlen, 1996, 21). De esta manera, las características del sistema de partidos de cada provincia es un factor decisivo respecto de las decisiones y los resultados que exhibe la implementación de las reformas electorales y la boleta única. La misma heterogeneidad histórica de cada sistema político y sus actuales disputas plantea la existencia de variables mucho más determinantes que una sola institución electoral. Como aclara Nohlen los efectos y los resultados de sistemas electorales son multifactoriales, de esta forma, si bien se reflejan en resultados globales estos no traducen toda la complejidad que se aloja en la representación. Estos resultados dependen de si los partidos políticos responden a las condiciones de éxito tacitas en dicho sistema electoral. Pero también los cambios en las condiciones objetivas y subjetivas de un sistema político producen variaciones en los sistemas electorales. En otras palabras, estos no son estáticos ni a históricos. Concluyendo con Nohlen, “…no existe un sistema electoral óptimo del que puedan aprender todos, pues los sistemas electorales son respuestas técnicas y políticamente aceptables solo bajo ciertas condiciones históricas y de consenso, de conflicto, de cultura y legitimidad”. Por ello la “aplicabilidad de un sistema electoral no obedece, entonces, a cuestiones de calidad y técnica tanto como a las cuestiones de poder. Decidiéndose su forma y funciones en relación a los puntos de vista que tiene las diferentes fuerzas políticas” (Nohlen, 2009, 4). Rosario, agosto de 2012. Bibliografía Calvo, E., Szwarcberg, M., Micozzi, J. P. y Labanca, J. F. (2001), “Las fuentes institucionales del gobierno dividido en la Argentina: sesgo mayoritario, sesgo partidario y competencia electoral en las legislaturas”, en Calvo E., Abal Medina, J. M. (h.), (editores): El federalismo electoral argentino. Sobrerrepresentación, reforma política y gobierno dividido en la Argentina, INAP-EUDEBA, Buenos Aires. Calvo, E. y Micozzi, J. P. (2003), “Defendiendo la Gobernación: crisis política, reformas reactivas y supervivencia política en las provincias argentinas”, trabajo presentado en el VI Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Análisis Político, Rosario, 5 al 8 de noviembre. Duverger, M. (1988), “La ley de Duverger: cuarenta años después”, en Duverger, M. y Sartori, G., Los sistemas electorales, Cuadernos del CAPEL, Nro. 27, San José de Costa Rica. Freidenberg, F., Alcántara Sáenz, M., (2009), “Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático: una introducción”, en Freidenberg, F., Alcántara Sáenz, M., (comp.), Selección de candidatos, política partidista y rendimiento democrático, Tribunal Electoral del Distrito Electoral, México. Nohlen, D., (1996)La trilogía: sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos, IIDH/CAPEL, 3ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, México, julio. Nohlen, D., (2009), Sistemas electorales fundamentos y alcances, http://dspace.universia.net/bitstream/2024/209/1/Sistemas+electorales+fundamentos+y+alcances.pdf.

miércoles, 30 de mayo de 2012

Algunos temas de la economía nacional a tener en cuenta.

Cinco son, a nuestro entender, los temas que han sido recogidos en distintos medios de prensa y análisis académicos y que nos interesan destacar. El primero de ellos es el problema del déficit fiscal. Esto es importante dado que la política económica de gran parte de la última década se basó en los llamados superávit gemelos. En otras palabras, el superávit fiscal y el de la balanza comercial. En cambio, en nuestros días, esta realidad ya no es registrable. Por un lado, porque el volumen del gasto público ya no es acompañado por la capacidad del Estado de imponer a la sociedad, por otra, por los cada vez mayores problemas en la balanza comercial que sólo se sostiene por los precios internacionales de los bienes agrícolas. Así, como ejemplo, el déficit fiscal de este último mes de abril se da a pesar de un superávit fiscal primario, ya que de él se deben devengar los pagos de la deuda pública, los aportes del ANSES, del Banco Central, de PAMI y de otras áreas menores. De esta situación, en segundo lugar, no escapan las provincias que presentan dificultades para afrontar sus pagos a proveedores y contratistas, y, fundamentalmente, para el pago de sueldos a sus empleados y jubilaciones. Esto ha llevado a que algunos gobernadores, se hayan tenido que expresar, (afirmándolo o negándolo) sobre la posibilidad cierta de la reaparición de las cuasi monedas para hacer frente a sus obligaciones de pago ya que no les alcanza con los recursos propios y los coparticipados atados a los problemas de déficit fiscal nacional. Esta situación se produce independientemente de la presión tributaria que se ejerce sobre la ciudadanía y de los aumentos de los impuestos provinciales. En tercer lugar, la denominada "crisis del capitalismo de amigos" y de los subsidios para los servicios públicos ofrecidos por concesionarios privados. En este aspecto se demuestra una clara incapacidad y desinterés del Estado para ejercer el control de las empresas terciarizadas que usufructuando de los millonarios subsidios estatales no generaron cambios sustanciales en la calidad de los bienes públicos ofertados. Los cambios en la orientación de estas políticas durante los últimos meses se producen principalmente como una respuesta al problema del déficit fiscal, no por un cambio en el entendimiento de las formas de relación gobierno- empresarios. Este tema, en un primer momento, fue planteado por el gobierno como un problema resoluble por medio de la quita de los subsidios a la energía y al transporte, pero luego se debió avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para autorizar un aumento en el gasto público. El cuarto, es un problema endémico pero que se ha querido ocultar durante los últimos años: la inflación de precios. Los procesos inflacionarios en nuestro país han sido muy estudiados, encontrándose una de las explicaciones canónicas en la incapacidad del Estado para controlar y direccionar el conflicto distributivo. Sin embargo, en los últimos años los procesos inflacionarios se produjeron a partir del aumento del gasto público y de la apropiación por parte del gobierno de difentes "cajas" que financiaran un modelo de capitalismo prevendario que hoy se discute. Por último, y relacionado con lo antes dicho, los nuevos reparos de la población para mantener sus ahorros en moneda nacional. Esto explica el corrimiento de parte de los ahorristas (quienes pueden hacerlo) hacia una moneda como el dólar, que era considerada como barata dada la inflación producida durante los últimos años y a pesar de no haber sido un correcto "negocio" económico que otorgara ganancias. Esta situación se ha agravado en los últimos meses en los cuales la opción frente a la pérdida del valor de la moneda ya no es el consumo de bienes como los electrodomésticos o la compra de autos. Esta situación se complica con las trabas cambiarías aplicadas desde el gobierno nacional y que fundamentalmente generan mayor incertidumbre en los pequeños ahorristas. Este problema no es independiente del retraso que está sufriendo el peso con relación a otras monedas latinoamericanas fundamentalmente el real, que han tenido correcciones devaluatorias respecto de la moneda estadounidense. Todos estos elementos no nos hablan necesariamente del fin de un ciclo, sólo nos hace prestar atención al surgimiento de al menos una nueva fase de restricciones en un gobierno acostumbrado a la fuga hacia adelante con el objetivo de mantener el centro de la escena.

martes, 3 de abril de 2012

Los recuerdos de la guerra y las posiciones políticas.

Señala Raymond Aron en sus memorias que:

“El sentimiento más fuerte en nosotros era probablemente la rebelión contra la guerra y, en consecuencia, el pacifismo. Yo era apasionadamente pacifista, por rebelión a la vez contra la guerra y contra la manera como había vivido la guerra cuando niño. Al estallar la guerra yo tenía nueve años; trece cuando terminó. Después me dije que en ningún momento había sufrido a causa de la guerra, que en ningún momento había sentido, digamos, compasión por las desventuras de los pueblos. Entonces albergué el sentimiento de que el egoísmo de los niños es algo horrible, y detesté la guerra con la misma fuerza con la que había sido patriota.”

Aron, Raymond, El observador comprometido, Emecé, Buenos Aires, 1983, pág. 24.

jueves, 8 de marzo de 2012

Día Internacional de la Mujer


En el año 1910, durante un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas mujeres que llevaron adelante las primeras acciones organizadas contra la explotación capitalista.

sábado, 25 de febrero de 2012

MALVINAS

Una visión alternativa.

A tres décadas de la trágica aventura militar de 1982 carecemos aún de una crítica pública del apoyo social que acompañó a la guerra de Malvinas y movilizó a casi todos los sectores de la sociedad argentina. Entre los motivos de aquel respaldo no fue menor la adhesión a la causa-Malvinas, que proclama que las Islas son un “territorio irredento”, hace de su “recuperación” una cuestión de identidad y la coloca al tope de nuestras prioridades nacionales y de la agenda internacional del país.

Un análisis mínimamente objetivo demuestra la brecha que existe entre la enormidad de estos actos y la importancia real de la cuestión-Malvinas, así como su escasa relación con los grandes problemas políticos, sociales y económicos que nos aquejan. Sin embargo, un clima de agitación nacionalista impulsado otra vez por ambos gobiernos parece afectar a gran parte de nuestros dirigentes, oficialistas y de la oposición, quienes se exhiben orgullosos de lo que califican de “política de estado”. Creemos que es hora de examinar a fondo esa política a partir de una convicción: la opinión pública argentina está madura para una estrategia que concilie los intereses nacionales legítimos con el principio de autodeterminación sobre el que ha sido fundado este país.

Una revisión crítica de la guerra de Malvinas debe incluir tanto el examen del vínculo entre nuestra sociedad y sus víctimas directas, los conscriptos combatientes, como la admisión de lo injustificable del uso de la fuerza en 1982 y la comprensión de que esa decisión y la derrota que la siguió tienen inevitables consecuencias de largo plazo. Es necesario poner fin hoy a la contradictoria exigencia del gobierno argentino de abrir una negociación bilateral que incluya el tema de la soberanía al mismo tiempo que se anuncia que la soberanía argentina es innegociable, y ofrecer instancias de diálogo real con los británicos y –en especial- con los malvinenses, con agenda abierta y ámbito regional. En honor de los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución de nuestro país en 1994, los habitantes de Malvinas deben ser reconocidos como sujeto de derecho. Respetar su modo de vida, como expresa su primera cláusula transitoria, implica abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean. La afirmación obsesiva del principio “Las Malvinas son argentinas” y la ignorancia o desprecio del avasallamiento que éste supone debilitan el reclamo justo y pacífico de retirada del Reino Unido y su base militar, y hacen imposible avanzar hacia una gestión de los recursos naturales negociada entre argentinos e isleños.

La República Argentina ha sido fundada sobre el principio de autodeterminación de los pueblos y para todos los hombres del mundo. Como país cuyos antecedentes incluyen la conquista española, nuestra propia construcción como nación es tan imposible de desligar de episodios de ocupación colonial como la de Malvinas. La Historia, por otra parte, no es reversible, y el intento de devolver las fronteras nacionales a una situación existente hace casi dos siglos -es decir: anterior a nuestra unidad nacional y cuando la Patagonia no estaba aún bajo dominio argentino- abre una caja de Pandora que no conduce a la paz.

Como miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente principal de integración poblacional no consideramos tener derechos preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo sistema democrático son opinables.

Necesitamos superar la agitación de la causa-Malvinas y elaborar una visión alternativa que deje atrás el conflicto y aporte soluciones. Los principales problemas nacionales y nuestras peores tragedias no han sido causados por la pérdida de territorios ni la escasez de recursos naturales, sino por nuestra falta de respeto a la vida, los derechos humanos, las instituciones democráticas y los valores fundacionales de la República Argentina, como la libertad, la igualdad y la autodeterminación. Ojalá que el dos de abril y el año 2012 no den lugar a la habitual escalada de declamaciones patrioteras sino que sirvan para que los argentinos -gobernantes, dirigentes y ciudadanos- reflexionemos juntos y sin prejuicios sobre la relación entre nuestros propios errores y los fracasos de nuestro país.



Emilio de Ípola, Pepe Eliaschev, Rafael Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo, Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, Daniel Sabsay, Beatriz Sarlo, Juan José Sebreli

viernes, 17 de febrero de 2012

El Derecho a la Información: una vieja asignatura pendiente.

Plan Fénix
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Buenos Aires

Febrero de 2012


El derecho a la información está consagrado por la Constitución Argentina, por ser una regla de juego fundamental de un sistema republicano de gobierno. En 2003, el Presidente Kirchner dictó el Decreto N° 1172 mediante el cual, entre otras disposiciones, se reconoció el derecho de los ciudadanos a acceder a la información que generan los diferentes organismos del Poder Ejecutivo. Para ello, estableció un mecanismo que los obliga a brindar la información que los ciudadanos requieran, dentro de plazos perentorios y con escasas restricciones, sólo justificadas por razones estrictamente contempladas en la norma.

Esta política reconocía al derecho a la información pública como un derecho propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno. La naturaleza democrática y representativa de la República demanda a los funcionarios públicos y a los representantes del pueblo, rendir cuenta de sus actos.

Si bien la norma ratificaba un precepto constitucional, el acceso a la información pública como derecho ciudadano, no se ha plasmado todavía en una ley que asegure la plena vigencia de esta herramienta democrática. Además, los plausibles objetivos del decreto vigente no se han cumplido plenamente; más bien, la experiencia tiende a demostrar que el derecho a la información pública aún enfrenta, en nuestro país, restricciones, tanto en términos de acceso a sus fuentes, como de ocultamiento o distorsión de los datos.

Debemos reiterar, en tal sentido, los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, agravada desde la intervención del INDEC. Sus estadísticas sobre evolución de precios, cuestionadas por prestigiosas e insospechadas instituciones académicas y del propio Estado argentino, también han merecido oportunamente la crítica del Plan Fénix. El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas acaba de expresar su cuestionamiento al Estado argentino con relación a su producción de datos estadísticos y su accesibilidad, señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del INDEC recuperen su credibilidad y que las metodologías utilizadas para su elaboración sean accesibles y debidamente difundidas. El comienzo de un nuevo período de gobierno parece una oportunidad inmejorable para impulsar un rápido abordaje y solución de esta situación.

Pero también se observan problemas en varias otras áreas. Hoy, por ejemplo, no puede obtenerse fácilmente información sobre los padrones de beneficiarios de ayuda social, la distribución de publicidad oficial, los informes de la SIGEN o los avances producidos en el plan energético del país. Además, ciertas informaciones han sido interrumpidas o suprimidas, como la que detallaba las audiencias concedidas por funcionarios públicos o el portal que daba cuenta de las solicitudes de información al Poder Ejecutivo por parte de la ciudadanía. Estas restricciones al acceso a la información pública no se reducen al Poder Ejecutivo, también alcanzan a los otros poderes del Estado y han sido denunciadas en diversas provincias.

En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto que establece que toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna. Pero en la Cámara de Diputados no fue aprobado y, de hecho, suman más de una decena los proyectos de ley sobre el tema que han sido estudiados en el seno de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de esa Cámara, aún sin resultado. Por segunda vez, un proyecto de acceso a la información pública ha tenido tratamiento en las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, avanzando en las dos Cámaras sin conseguir convertirse en ley.

En la actualidad, casi 100 países cuentan con una normativa sobre este tema, y en América Latina son pocos los que aún no la tienen, entre ellos la Argentina, donde 13 provincias ya disponen de una norma al respecto. En el ámbito internacional, diferentes instancias jurisdiccionales, como la OEA o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han reiterado que el acceso a la información constituye un derecho humano y que debe ser promovido y protegido como tal por los Estados.

Esta norma es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable. Es indispensable para el control ciudadano de los actos públicos, la rendición de cuentas y el ejercicio de otros derechos económicos, sociales y culturales. La sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas. Debería obligarse también a las empresas prestatarias de servicios públicos y concesionarias del Estado y a todas sus dependencias a brindar toda la información que los usuarios y la ciudadanía en general necesiten para ejercer un efectivo control de sus actividades y prestaciones. La calidad de dicha información debería estar garantizada por los organismos públicos que tienen a su cargo el control sistemático y oportuno de sus actividades.

La información es indispensable porque es la base del conocimiento y éste es crucial para la acción. Por lo tanto, la negativa a brindar información, su ocultamiento o su distorsión, impiden que ciertas realidades se conozcan o difundan. Por cierto, las restricciones al acceso al flujo de información de interés público pueden verificarse en mayor o menor medida en todos los países, tanto en el sector público como en el privado, tal como lo atestiguan en la Argentina las respuestas obtenidas en los censos económicos. Esta tendencia debe ser contrarrestada por una exigencia sistemática de transparencia por parte de la ciudadanía.

El conocimiento es fundamental para interpretar la realidad social o adoptar decisiones racionales. Cercenar el derecho a la información es, entonces, ocluir la posibilidad de que pueda ser utilizada por los ciudadanos, la academia, los empresarios, los trabajadores o cualquiera que la requiera para esclarecer algún tema o decidir entre opciones. Implica, en definitiva, negar un elemental derecho humano.

Cabe al Estado la responsabilidad de garantizar y respetar la vigencia de este derecho, facilitando su efectivo ejercicio. Esta garantía debe concretarse no sólo por parte del Poder Ejecutivo, sino también de los demás poderes, provincias y municipios, por tratarse de una política de Estado.