Una reflexión sobre los principales cambios a la ley electoral que tiene media sanción en Diputados y aún debe discutir el Senado.
La ciudadanía se encuentra nuevamente frente al debate de una nueva reforma
electoral que le propone la clase política. Esta vez de nivel nacional. La
Cámara de Diputados ha dado media sanción a un conjunto de cuestiones que
deberán ser discutidas y aprobadas en las próximas semanas por el Senado de la
Nación para convertirse en ley.
Antes que nada debemos entender que toda reforma política discute la
manera de repartir el poder político electoral y las distintas opciones que
toman los legisladores inciden y condicionan las decisiones del elector.
A partir de ello debemos hacer una aclaración. Estas modificaciones
tendrán vigencia sólo para cuando elegimos entre los candidatos para los cargos
legislativos o ejecutivos de nivel nacional, o, algunas de estas normas, en las
elecciones simultáneas. Por lo cual, en el marco de nuestro federalismo, las
instancias provinciales y locales no estarán necesariamente alcanzadas por
estas nuevas reglas. Salvo que cada provincia, y en algunos casos los
municipios, opten por adherir a la ley de nivel nacional o decidan votar
simultáneamente.
Entre los principales cambios decididos podemos enumerar los siguientes.
Cómo se vota. El proyecto con media sanción establece el sistema de boleta
única electrónica que se aplicó por primera vez el año pasado en la ciudad
Buenos Aires. El mismo, si es aprobado, será implementado en todo el país
simultáneamente desde las elecciones legislativas de 2017 para los cargos
nacionales.
El sistema, que suplanta a las boletas sábana de papel tradicional,
busca evitar algunos de los problemas que suelen darse en los comicios. Entre
ellos se destacan el robo o faltante de boletas, su suplantación por boletas
apócrifas y la falta de fiscalización por parte de los partidos.
Esta es una discusión que en Santa Fe y Córdoba ya se ha dado cuando se
implementó la boleta única en papel y nos hemos explayado en los beneficios y
perjuicios de cada sistema.
Sin embargo hay tres temas que deben ser aclarados en relación con la
boleta única electrónica.
El primero de ellos se refiere a la idea según la cual con la boleta
única electrónica se termina con las prácticas clientelistas. Así lo expresaba
Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, al
señalar que "con la boleta electrónica se va a terminar con el
clientelismo ya que la boleta en papel lo fomenta". No estamos de acuerdo
con lo señalado ya que con este sistema se pueden evitar otras falencias de los
comicios pero no ésta. El clientelismo, como han señalado colegas, no es sólo
un acontecimiento del domingo de elecciones, ni se erradica con una boleta
única electrónica. De ser así no se tendrían las distintas indicaciones de las
diferentes autoridades electorales sobre el uso de los celulares durante el
momento de sufragar para evitar el llamado "voto cadena". El
clientelismo no es un problema con solución tecnológica, ni resoluble con una
"fe ciega" en que "si hay algo que se enchufa y tiene un
microchip estamos salvados".
El segundo, que la idea de que es un sistema que evita el fraude por su
seguridad está puesta en cuestión por distintos profesionales que analizan su
vulnerabilidad. Señalan que dado que la boleta única electrónica incluye un
chip, éste se puede destruir, leer y modificar desde una corta distancia.
Además, como cada chip está numerado es posible identificar quién votó a quién.
Por su parte, los defensores del sistema consideran que "mantiene inalterables
los valores del voto tradicional en papel", a lo que se suman las virtudes
de la tecnología. Así "es el propio sistema, y no el esfuerzo partidario,
el que brinda las garantías para que se respete la libre decisión del
votante".
Por último, que el sistema favorece a los partidos con menor estructura
territorial, donde los fiscales seguirán siendo necesarios para controlar el
escrutinio de mesa, pero verán una reducción de sus requerimientos
organizativos.
A quiénes se vota. Tres son los cambios votados. El primero refiere a la
participación igualitaria entre hombres y mujeres en la conformación de las
listas legislativas. La paridad de género deberá garantizar que figuren
intercalados en las listas. Esta decisión tuvo un amplio apoyo de los
legisladores, aunque provocará modificaciones en la forma de selección de sus
candidatos en los partidos políticos.
El segundo es la prohibición de las candidaturas múltiples que impide
que un dirigente sea candidato de manera simultánea para dos cargos nacionales.
También lo hace para las candidaturas en paralelo para cargos nacionales,
provinciales y municipales que se elijan en comicios simultáneos.
Es interesante el efecto práctico de esta última prohibición ya que no
tendrá efecto para aquellas provincias o municipios que decidan separar sus
elecciones de las nacionales. Con ello se produce un fuerte incentivo a favor
de la separación de los turnos electorales nacionales y distritales cuando los
dirigentes provinciales quieran escapar de esta reglamentación.
Por último, se modifica la manera de elegir a los candidatos para el
Poder Ejecutivo de la Nación. En las elecciones primarias abiertas simultáneas
y obligatorias presidenciales no se elegirá una fórmula sino sólo candidato a
presidente. De esta forma se abre en la segunda vuelta electoral la posibilidad
de completar la fórmula con la nominación de un vicepresidente que favorezca
los acuerdos en el interior de los partidos o coaliciones.
Quién controla. Otro de los cambios fundamentales se ha dado en quién tiene
la responsabilidad de ser la autoridad para el escrutinio. Hasta la actualidad
el control jurisdiccional nacional del escrutinio provisorio, que incluye la
recepción de votos, el proceso y la difusión de los resultados, ha estado a
cargo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. El nuevo
régimen designa a la Cámara Nacional Electoral para que el proceso electoral
quede en sus manos. El objetivo de este cambio es evitar la colusión de
intereses entre el gobierno y quién regula los procesos electorales, en otras
palabras se parte de la suposición de que no habrá involucramiento del poder
político en los cómputos provisorios de los votos. En suma, se busca dotar de
transparencia a los comicios.
Los argumentos no son coincidentes para todas estas iniciativas y se
prestan a valoraciones que no pueden ser cotejadas necesariamente con los casos
en los cuales el sistema ha sido implementado.
Nuevamente se coloca en el sistema de votación y de control del voto una
explicación de la dinámica política que tal vez deba buscarse en otros
factores. Lo que no puede desconocerse es que la reforma política en su
conjunto tiene una serie de consecuencias concretas en la competencia
electoral, que beneficia a algunos y perjudica a otros.
V. Gastón Mutti
Profesor Titular UNR- UNER
Director del Centro de Investigación de Políticas Sub Nacionales UNR
Profesor Titular UNR- UNER
Director del Centro de Investigación de Políticas Sub Nacionales UNR
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